En Mérida, el 15 de mayo, la situación se ha tornada tensa entre los sindicatos de educación y la Junta de Extremadura. Este jueves, los cinco sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Enseñanza, incluidos PIDE y CSIF, decidieron llevar a cabo un encierro en las dependencias gubernamentales con el propósito de exigir un ajuste salarial que homologue sus sueldos con los de otros docentes en el país.

La cúpula del sindicato PIDE, liderada por José Manuel Chapado, anunció que abandonaron las instalaciones tras recibir la notificación de un agente de la Policía Nacional. Este agente, no identificado como parte del plantel oficial, les comunicó que su ocupación del espacio constituía un delito, puesto que no está permitido permanecer en oficinas gubernamentales fuera del horario laboral estipulado.

Horas antes de su encierro, los representantes sindicales se habían reunido con la Consejería de Educación, donde expresaron claramente sus frustraciones y discrepancias en la negociación de su homologación salarial, la cual consideran crucial para el bienestar de los docentes extremeños. Este acto de protestas surgía como respuesta a las insuficientes propuestas presentadas por el gobierno regional.

Los sindicatos están demandando que la Administración local les presente ofertas que se ajusten a las "cantidades mínimas imprescindibles", un estándar que consideran esencial para que la negociación sea válida y satisfactoria. En ese sentido, subrayan que las propuestas actuales son inaceptables y solicitan un plan que esté alineado con lo previamente acordado en la Asamblea de Extremadura, donde todos los grupos políticos apoyaron una normativa de homologación salarial docente.

Chapado mencionó que, a pesar de abandonar el encierro, los sindicatos están comprometidos a organizar nuevas protestas que, según sus propios términos, “no serán del agrado de la administración”, en una próxima reunión para discutir nuevamente la precaria situación de los docentes de la región, que actualmente se encuentran entre los peor remunerados del país. Este hecho se acentúa por las propuestas de aumento que ni siquiera alcanzan el 1% anual.

Desde la Consejería de Educación, se ha indicado que los representantes sindicales decidieron salir de las instalaciones "de manera voluntaria" una vez que se les aclararon las implicaciones legales del encierro en el que habían incurrido. Un agente de Policía, en una acción proactiva, había notificado a la consejera, Mercedes Vaquera, sobre las potenciales consecuencias que podrían enfrentar los sindicalistas.

Tras recibir esta información, la consejera se dirigió al lugar del encierro para comunicarles directamente esta situación. Aunque los representantes de los sindicatos pidieron que se les comunicara formalmente la orden de desalojo, Vaquera respondió que no les estaba echando y que tenían la libertad de continuar con su protesta si así lo deseaban. Sin embargo, fueron los propios sindicalistas quienes, finalmente, optaron por marcharse de las instalaciones, según la versión oficial de la Consejería de Educación.