En un nuevo capítulo de la controversia sobre la remuneración de los docentes, esta semana, diversas organizaciones sindicales han llevado a cabo una manifestación en las Delegaciones Provinciales de Educación en Badajoz y Cáceres. El propósito de esta concentración era exigir a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que asuma la dirección en las negociaciones para equiparar los salarios de los profesores extremeños con los de otras comunidades autónomas.

Los sindicatos que han participado en esta movilización, que incluyen a PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT, han estado luchando desde noviembre por una homologación salarial que, pese a ciertos avances menores, aún se considera muy insatisfactoria. En palabras de Manuel Chapado, presidente del sindicato PIDE, la situación actual es crítica, pues Extremadura ocupa el segundo lugar en el ranking negativo en cuanto a retribuciones educativas en el ámbito nacional.

Chapado subrayó que en marzo pasado, la Asamblea de Extremadura aprobó de forma unánime una resolución para que la Junta se sentara a dialogar con los sindicatos sobre este tema, prometiendo hacerlo antes del final de la legislatura. Sin embargo, la última reunión, celebrada el 2 de abril, dejó insatisfechos a los representantes docentes, quienes respondieron con un encierro tras recibir propuestas que consideraron insuficientes en comparación con lo discutido previamente.

Frente a esta falta de progreso, los sindicatos reclaman a Guardiola que cumpla su compromiso de mantener un encuentro con estas organizaciones y den marcha a un diálogo efectivo. Hasta ahora, no ha habido convocatorias por parte de la Consejería de Educación para reanudar las negociaciones, lo que ha generado un sentimiento de frustración entre los docentes extremeños, quienes observan cómo su situación salarial se mantiene muy por detrás de la de sus colegas en otras comunidades.

El presidente de PIDE destacó las enormes disparidades en las retribuciones, que dependen de competiciones transferidas a las distintas comunidades. Así, mientras el Ministerio define algunas áreas salariales, como los sueldos y ciertos complementos, existen otros conceptos que varían drásticamente, lo que coloca a los docentes de Extremadura en una posición desventajosa.

Chapado añadió que, según estimaciones, en la última década, los docentes han experimentado una pérdida del 23% en su poder adquisitivo, y la situación sigue sin solución. En Extremadura, el número de profesionales educativos se acerca a los 16,700, lo que representa una considerable parte de las familias que dependen de estos ingresos, agravando su situación económica año tras año.

Durante la concentración en Badajoz, los manifestantes expresaron su descontento a través de consignas y pancartas, reflejando la urgencia de la homologación salarial. Alfredo Aranda, portavoz de la intersindical docente, hizo hincapié en que la propuesta de la consejera de Educación, que contemplaba solo aumentos modestos, no cumplía con la homologación exigida.

Asimismo, Aranda apeló a Guardiola para que lidere esta negociación, recordando que el compromiso fue tomado en un correo que recibió de la presidenta, donde se indicó que una vez avanzaran las conversaciones con la consejera, se organizaría una reunión con los sindicatos. “Le pedimos que no se olvide de su promesa”, concluyó.

Al ser cuestionado sobre el estado del proceso de negociación, Aranda manifestó que el mismo continúa abierto desde la perspectiva sindical, a pesar de la inacción por parte del gobierno regional. Subrayó que es responsabilidad del gobierno llevar a cabo esta negociación y que es sorprendente que, en un contexto donde se han podido redistribuir importantes partidas del presupuesto, no se contemplen ajustes para mejorar la situación salarial de los docentes.

Finalmente, los sindicatos están impulsando un llamado a la acción, no solo para que se evalúen las cifras actuales, sino para exigir la implementación de un compromiso real que garantice la homologación salarial. Aranda concluyó su intervención subrayando que es fundamental que la administración reconozca la labor de los docentes y cumpla con sus promesas, reiterando que la calidad de los servicios públicos en Extremadura depende de esto.