En una reciente controversia política, David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se enfrenta a serias acusaciones que podrían desembocar en una condena de tres años de prisión. La acusación popular ha solicitado que se le impute por tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal, además de exigir la restitución de los salarios que percibió durante su tiempo trabajando en la Diputación de Badajoz.

Esta información ha sido confirmada a través de un documento de acusación al que tuvo acceso Europa Press. La acción legal ha sido impulsada por la organización Manos Limpias, que ha unido fuerzas con otros grupos políticos, incluyendo Vox y el Partido Popular, para solicitar que la jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, dé paso a un juicio por estos delitos.

No solo David Sánchez está en el punto de mira; también el presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, enfrenta reclamos similares. La acusación popular ha instado a que se le aplique una pena de tres años de prisión y se le imponga una inhabilitación de seis años para ocupar cualquier cargo público o función administrativa.

(La información se actualizará en próximas ediciones)