En Mérida, el 2 de abril, el sindicato UGT SP Extremadura ha elevado su voz para exigir a la Junta de Extremadura que la mejora en la financiación destinada a las plazas concertadas con empresas privadas se aplique igualitariamente a las residencias municipales, sin importar si son gestionadas directamente por los propios ayuntamientos o tercerizadas a empresas externas.

El sindicato hace un llamado claro a la Junta para que se amplíen las plazas concertadas a través de convenios con los ayuntamientos. Esto permitiría a más individuos en condiciones de dependencia permanecer en sus comunidades locales, a su vez que contribuiría a la estabilización demográfica en las zonas rurales, subrayan desde UGT.

De acuerdo con la información proporcionada por UGT en una reciente nota de prensa, la financiación actual es insuficiente, lo que no solo requiere un incremento de recursos financieros, sino que también demanda una mejora en las condiciones laborales dentro del sector. Es un problema que afecta la calidad de la atención y el bienestar de los trabajadores.

Particularmente, el sindicato destaca la escasez de personal, la carga excesiva de trabajo, los turnos rotativos demandantes y los salarios poco competitivos como obstáculos significativos que complican la contratación, generando una alta rotación de personal. Mientras las grandes empresas en áreas urbanas se ven favorecidas por el aumento de la financiación, las pequeñas residencias en entornos rurales dependen imperativamente de ese respaldo para garantizar su funcionamiento.

La preocupación se intensifica en estos contextos rurales donde los costos son más altos debido a la falta de servicios cercanos. UGT denuncia, además, que la Junta de Extremadura aún no ha implementado los criterios de acreditación y calidad establecidos por el Ministerio de Derechos Sociales en agosto de 2022 para la atención a la dependencia.

Estos criterios determinan requisitos mínimos de personal y estándares de calificación y formación, los cuales son vitales para optimizar la atención a las personas dependientes. Por ello, el sindicato reclama la convocatoria urgente de una mesa de diálogo social que permita actualizar estas ratios de acuerdo con las necesidades actuales del sector.

Finalmente, UGT insta al SEPAD a fortalecer los servicios de inspección con el objetivo de asegurar una vigilancia rigurosa sobre los servicios de atención a la dependencia, especialmente aquellos administrados por entidades externas. Asimismo, demandan una participación activa de los sindicatos en la formulación de pliegos y en la organización de concursos y conciertos relacionados con los Servicios Sociales.

UGT Servicios Públicos Extremadura reafirma su compromiso de continuar la lucha por una financiación equitativa, condiciones laborales dignas y un modelo de atención a la dependencia que priorice el bienestar de las personas sobre cualquier interés empresarial, concluyen desde el sindicato.