En Mérida, a fecha del 21 de noviembre, el sindicato UGT Servicios Públicos Extremadura ha hecho un gran llamado de atención sobre la necesidad de que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2025 contemplen el abono inmediato del 2% de subida salarial que está pendiente para 48.000 empleados públicos, y que este pago se efectúe en un único plazo.

La exigencia de UGT se manifestó durante una nueva concentración frente a la Asamblea de Extremadura, coincidiendo con la sesión plenaria del órgano legislativo. Durante este evento, los representantes del sindicato han subrayado que la propuesta original de la Junta de Extremadura, que planteaba la amortización de esta deuda en un lapsus de cinco años, es rotundamente inaceptable.

En este marco, los miembros de UGT han señalado que varios representantes de los grupos parlamentarios PSOE y Unidas por Extremadura han decidido sumarse a esta protesta, comprometiéndose a ejercer presión para que esta denominada "deuda histórica" quede reflejada en las cuentas del próximo ejercicio, tal como ha comunicado el sindicato en su nota de prensa.

Además, el Grupo Parlamentario Popular, en encuentros anteriores con el sindicato, ha expresado su compromiso de llevar la exigencia de "reducir" los plazos para el pago de dicho 2% a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, lo que refleja un amplio consenso en torno a esta problemática.

No obstante, ante la falta de avances significativos en las negociaciones, el secretario general de UGT SP Extremadura, Manuel Fernández Colomo, ha anunciado la intención de solicitar la intervención de la Fundación de Relaciones Laborales. Esta mediación se busca con el objetivo de llegar a un entendimiento entre la Junta y los sindicatos que están representados en la Mesa General de Negociación.

A pesar de todo, es importante destacar que Extremadura continúa siendo la única comunidad autónoma que aún no ha hecho efectivo el abono de esta subida salarial, y esto se produce en un contexto donde la comunidad dispone de "recursos económicos suficientes". El sindicato argumenta que no hay justificación válida para seguir posponiendo el pago, especialmente si se considera el superávit de 79 millones de euros que se registró en agosto, así como el aumento del 7,2% en la recaudación del IRPF, impulsado por el crecimiento del empleo en la región.

Otros datos que refuerzan la posición del sindicato son el incremento de 182 millones de euros en los presupuestos de 2025 en comparación con el ejercicio anterior, además de las entregas a cuenta "récord" de 4.198 millones de euros que el Estado ha facilitado a la administración autonómica.

Por último, el sindicato ha señalado que aunque los presupuestos autonómicos han aumentado un 2,2%, este incremento no es suficiente para compensar el impacto del IPC. De esta manera, argumentan que el pago de la deuda en un solo plazo no tendría un efecto adverso en la estabilidad de las cuentas públicas.