El 17 de septiembre en Mérida, la coalición Unidas por Extremadura ha decidido elevar su voz y expresar su descontento ante el Defensor del Pueblo, en relación con el problema que ha afectado el transporte escolar al inicio del año académico. A pesar de que el servicio ha sido restablecido, manifiestan que esta situación ha interferido en el derecho a la educación de alrededor de 5.000 estudiantes.

La portavoz del grupo, Irene de Miguel, hizo estas declaraciones en una reciente rueda de prensa. De Miguel instó también a la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, a que comparezca ante la Asamblea y rinda cuentas sobre lo acontecido. Además, sugirió que debería dimitir por el mal manejo de la situación.

La portavoz calificó de “insólito” y “inaudito” lo ocurrido y advirtió que no debe repetirse. “Vamos a elevar nuestra queja al Defensor del Pueblo nacional, ya que en Extremadura no contamos con esta figura como consecuencia de los pactos entre PP y PSOE. Estamos seguras de que se ha violado el derecho a la educación”, sentenció. De Miguel planteó que la gravedad de esta crisis debería ser objeto de un debate en la Asamblea.

Asimismo, puso en la mira de sus críticas a María Guardiola, presidenta de la Junta, argumentando que debería haber destituido a la consejera de Educación desde el primer día en que los alumnos carecieron de transporte escolar. “Lleva toda la responsabilidad”, enfatizó en referencia a la lider del gobierno regional.

“Guardiola ha estado ausente, mientras que suele ser habitual verla recorriendo Extremadura y tomándose fotos. En los últimos seis días, no hemos visto su presencia”, reprochó de Miguel, subrayando que la presidenta debería dar explicaciones por la crisis del transporte que no supieron manejar a tiempo.

La portavoz añadió que la situación reveló no solo una falta de planificación, sino también una clara incompetencia de la administración actual. Calificó de “inadmisible” e “intolerable” lo que han padecido las familias en Extremadura, argumentando que el Gobierno ha priorizado intereses económicos por encima del derecho constitucional a la educación.

Estas declaraciones se dieron a conocer tras la firma de un acuerdo entre la Junta y las empresas del transporte escolar, que, según de Miguel, es el mismo que ya estaba sobre la mesa hace cinco días. Criticó que el Ejecutivo de Guardiola “finalmente ha cedido a lo que las empresas venían pidiendo, sin más”.

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