La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha manifestado su descontento hacia la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por lo que consideran una gestión ineficaz de los fondos destinados a la reestructuración del viñedo para la campaña 2024. Esta situación ha llevado, por primera vez, a la región a la obligación de devolver parte de las ayudas, a pesar de que no se han atendido todas las solicitudes que los viticultores han presentado.

Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, expresó su preocupación en una reciente conferencia de prensa. Criticó la decisión de devolver dinero que deja fuera a viticultores extremeños que dependían de estas ayudas cruciales para el desarrollo de sus explotaciones agrícolas.

Esta problemática surge en un contexto donde los cambios en los hábitos de consumo han ocasionado una crisis severa en ciertas variedades de uva, obligando a los productores a realizar adaptaciones urgentes en sus cultivos. Huertas subrayó que las enfermedades de madera han disminuido significativamente la vida útil de las viñas, convirtiendo indispensable esta ayuda en la región.

La organización ha señalado que Extremadura históricamente ha utilizado estos fondos para mejorar su sector vitícola, logrando expandir la inversión inicial. Sin embargo, para el año 2024, ni siquiera se ha logrado utilizar los 8,2 millones de euros asignados, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la estrategia de apoyo del gobierno regional.

Ante este panorama negativo que impacta especialmente a la comarca de Tierra de Barros, y considerando las limitaciones impuestas a los regadíos en la zona, UPA-UCE ha levantado la voz: “¿Ha dejado la Junta de lado a esta comarca y a sus agricultores?” planteó Huertas, sugiriendo un posible abandono por parte del gobierno regional hacia las necesidades de estos productores.

Huertas también insinuó que las decisiones recientes podrían interpretarse como un castigo hacia los agricultores de la región, debido a la serie de decisiones que parecen desatender sus intereses. A esta crítica se suma la exigencia de UPA-UCE a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, quien, hasta el momento, no ha mantenido diálogos con las organizaciones agrarias para discutir esta problemática, contraviniendo así la práctica habitual de diálogo en administraciones anteriores.

En otro ámbito, el impacto de la sequía y la crisis en el sector agrario ha llevado a UPA-UCE a instar al Ministerio de Agricultura a ampliar el periodo de autorización de nuevas plantaciones de dos a cinco años. Esto se ha logrado, brindando a los agricultores un margen más amplio para tomar decisiones informadas.

“Ante la volatilidad del mercado, resulta fundamental que los agricultores cuenten con tiempo suficiente para planificar sus siembras sin el temor a perder derechos”, afirmó Catalina García, responsable del vino en la organización agraria. Esta necesidad de planificación adecuada subraya la urgencia de una respuesta más efectiva por parte del gobierno ante el actual desafío que enfrenta la viticultura.

Finalmente, UPA-UCE hace un llamado a la Junta para que elabore un plan estratégico específico para el viñedo, ya que, en medio de la incertidumbre, los agricultores están tomando decisiones de siembra basadas únicamente en la disponibilidad de plántulas en los viveros, sin la orientación necesaria sobre los requerimientos del mercado que facilite una planificación sólida.