En una sentencia que ha generado revuelo en Trujillo, el exalcalde Alberto Casero ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de prevaricación y malversación durante su gestión al frente del municipio cacereño. Además de la pena de cárcel, se le ha impuesto una inhabilitación de seis años para ocupar cargos electos y una indemnización de más de 70.000 euros al ayuntamiento trujillano. La noticia ha sido conocida tras el acuerdo de conformidad alcanzado en la Audiencia Provincial de Cáceres.

El acuerdo fue resultado de las negociaciones entre el Ministerio Fiscal y la defensa de Casero, representada por su abogado. En la vista previa en la Audiencia Provincial, el exalcalde ha comparecido y, en menos de una hora, se ha alcanzado el acuerdo de conformidad. Por su parte, el abogado de Casero ha solicitado la suspensión de la pena de prisión, petición que ha sido aceptada por el tribunal, bajo la condición de que el condenado no cometa ningún delito en los próximos 5 años, en caso contrario, la suspensión sería revocada.

En cuanto al pago de la indemnización, Casero deberá realizar un primer pago inmediato de 10.000 euros y luego abonar 1.000 euros mensuales hasta alcanzar los 70.000 euros que debe pagar al ayuntamiento. Tras la audiencia previa, el exalcalde evitó hacer declaraciones a los medios de comunicación, limitándose a decir que "está todo dicho". Asimismo, lamentó que se tenga que estar presente por esta situación y expresó que nunca se está satisfecho.

Es importante recordar que el Ministerio Fiscal pedía una pena más elevada para Casero, con ocho años de prisión y una inhabilitación absoluta durante 20 años, junto con el pago de la indemnización. Los delitos de prevaricación y malversación se relacionan con cinco contratos realizados entre marzo de 2017 y diciembre de 2018, durante el mandato de Casero como alcalde.

En estos contratos, el exalcalde incumplió la ley al no seguir los procedimientos de autorización del gasto y adjudicarlos de forma directa, sin publicidad ni concurrencia pública, cuando la cuantía excedía los límites permitidos por la normativa de contratos públicos. Los contratos abarcaban una variedad de servicios, patrocinios y convenios con diferentes entidades y empresas.

El caso fue denunciado por la Fiscalía en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, pero debido a que Casero era diputado nacional, el procedimiento fue trasladado al Tribunal Supremo. En junio de 2022, Casero compareció ante el tribunal y admitió haber cometido irregularidades administrativas en las adjudicaciones de los cinco contratos públicos. Posteriormente, al renunciar a su acta de diputado del PP, el caso regresó a la Audiencia Provincial de Cáceres, donde se llegó al acuerdo final.

Alberto Casero, que ocupó el cargo de secretario de organización del PP durante la presidencia de Pablo Casado, es conocido por ser el diputado que respaldó la aprobación de la reforma laboral mediante una votación telemática. Ahora, tras la condena, se enfrenta a las consecuencias jurídicas y políticas de sus actos.