Este jueves marcó el inicio del curso escolar 2025/26 en Extremadura, sin embargo, cientos de estudiantes se encontraron con un problema significativo: la falta de transporte escolar. En muchas ocasiones, esto ha llevado a que padres y familiares deban hacerse cargo del traslado de los estudiantes hacia sus centros educativos.

La crisis en el transporte escolar se origina en una disputa que la Junta de Extremadura mantiene con ciertas empresas del sector. La semana pasada, la Junta denunció que estas compañías no se presentaron a las licitaciones de rutas, incumpliendo así un acuerdo previamente establecido.

Ante esta situación, la Junta procedió a convocar una licitación de urgencia el pasado martes y, al día siguiente, adjudicó directamente 223 rutas escolares que se habían quedado sin destinatario. Pese a esta medida, en municipios como La Nava de Santiago, alrededor de 30 alumnos de ESO y Bachillerato se vieron obligados a ser trasladados por familiares, al no contar con el transporte escolar necesario para llegar al instituto en La Roca de la Sierra. Este mismo inconveniente ha afectado a varias localidades, entre ellas Cabeza la Vaca.

Durante el pleno de la Asamblea de Extremadura, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, expuso que la decisión de la Junta de interponer una denuncia se fundamenta en la incapacidad de ignorar la presión ejercida por un grupo reducido de empresas, que, según su criterio, intentaban manipular los precios del servicio.

La consejera añadió que, en cuanto reúnan toda la información pertinente, llevarán ante los tribunales los incumplimientos de algunas empresas. Vaquera enfatizó que desde su llegada al Gobierno, el diálogo con el sector del transporte escolar ha sido constante. Se alcanzó un acuerdo marco que actualiza los precios, incrementándolos en un 20% de media, y hasta un 50% en ciertas rutas, respecto a los valores de 2016.

En un tono firme, Vaquera subrayó que esta situación es obra de un grupo minoritario que, a pesar de haberse adherido a la homologación, rechazaron presentar ofertas según los precios establecidos. La Junta de Extremadura se comprometió a seguir actuando con responsabilidad y firmeza, gestionando el dinero público con la debida diligencia y siempre en beneficio de los alumnos, las familias y las empresas que operan con ética en el sector.