El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha instado a las autoridades locales, incluyendo la Junta, la Diputación Provincial y los ayuntamientos, a actuar de manera expedita para proporcionar paja de forma gratuita a los ganaderos que sufrieron pérdidas significativas a causa de los recientes incendios que asolaron la provincia.

García Blanco enfatizó la urgencia de esta acción, resaltando que es vital para alimentar a los animales, especialmente a los rumiantes, que se han quedado sin pastos debido a los fuegos. "Las diputaciones han demostrado su capacidad para ayudar en ocasiones anteriores y es fundamental que esta vez también lo hagan", agregó el líder de Asaja. Asimismo, instó a sus socios a reportar las pérdidas sufridas, para poder facilitar la solicitud de ayudas en la administración regional.

Además de la provisión de paja, Asaja ha solicitado asistencia para la reconstrucción de infraestructuras agrícolas afectadas, como cobertizos, cercas, instalaciones y maquinaria. "Lo más urgente es que la Junta de Extremadura determine el estatus agrícola de las tierras quemadas para permitir una respuesta adecuada", afirmó García Blanco durante una conferencia de prensa.

Entre las demandas más críticas de Asaja se encuentra la solicitud para que el ministro de Agricultura designe las áreas afectadas como excepcionales por fuerza mayor, permitiendo así a los agricultores acceder a la PAC, ya que bajo la normativa vigente, esas tierras podrían quedar excluidas, advirtió el representante agrario.

A pesar de que se muestran optimistas con la declaración de zona afectada gravemente por emergencias de protección civil, que el Gobierno anticipó para este jueves, Asaja enfatiza que se deben implementar medidas contundentes. Entre ellas, proponen un IRPF del cero por ciento para los afectados, la condonación de cuotas de la Seguridad Social durante dos años, una exención del IBI para las tierras siniestradas y la eliminación de tasas de coto en esas áreas.

Asimismo, reclamaron que los beneficios generados por los derechos de carbono de la reforestación se destinen directamente a los agricultores y ganaderos, no a los ayuntamientos. Las compensaciones directas solicitadas incluyen 150 euros por hectárea de cultivos herbáceos, 400 euros por hectárea de olivar, y hasta 1.200 euros por hectárea de cerezos calcinados.

Para el sector ganadero, Asaja propone ayudas significativas, como 1.500 euros por cada vaca perdida, destacando que más de 200 vacas han muerto en los incendios de Casar de Cáceres y Campo Lugar, lo que representaría una pérdida cercana a 3 millones de euros. En relación a la ganadería ovina, piden 160 euros por cada oveja o cabra fallecida, dado que alrededor de 600 ovinos fueron afectados en el incendio de Campo Lugar, valorados en casi un millón de euros.

En el ámbito de la apicultura, se han reportado la pérdida de 3.640 colmenas, principalmente en Caminomorisco y en Jarilla, con muchas colmenas desplazadas a la zona de Sanabria en Zamora donde también hubo pérdidas. Para este sector, Asaja demandó una compensación de 150 euros por colmena.

Durante el verano, Extremadura ha registrado un total alarmante de 66 incendios, de los cuales 14 han devastado más de 500 hectáreas cada uno, sumando un total de 52.000 hectáreas quemadas, lo que representa más del 13% del total nacional, que se aproxima a 390.000 hectáreas.

García Blanco argumentó que una política preventiva eficaz podría haber mitigado estos incendios, indicando que los costos de prevención son significativamente inferiores a los de extinción. Criticó las políticas medioambientales impuestas por la Unión Europea y el Gobierno de España, responsabilizándolos de la magnitud de los incendios que han asolado la región.

Los agricultores y ganaderos del área ya preveían este tipo de desastres a consecuencia de las políticas medioambientales vigentes, que, combinadas con una primavera muy lluviosa, dieron paso a una mayor acumulación de pastos, dejando a las autoridades sin un plan claro de acción. García Blanco también subrayó cómo ciertas regulaciones, como las restricciones sobre el uso de franjas cubiertas entre cultivos leñosos y la prohibición del pastoreo en riberas, han contribuido a la expansión del fuego.

El presidente de Asaja insistió en que si continúan las políticas medioambientalistas radicales, las comunidades rurales podrían enfrentar el desalojo y la quema inminente. Por ello, solicitó al Gobierno español que no engañe a los afectados con promesas vacías de ayudas que no se concretan, recordando eventos previos como el caso del volcán de La Palma o la DANA de Valencia que dejaron a los perjudicados sin respaldo.

Finalmente, García Blanco expresó su reconocimiento a todos los involucrados en la lucha contra los incendios, como personal del Infoex, la UME, bomberos, Guardia Civil, y a los ciudadanos de Extremadura que han arriesgado sus vidas para combatir las llamas.