Mérida, 10 de diciembre. En una reciente evaluación, se ha constatado que los Juzgados de lo Mercantil de Extremadura han lidiado con un destacado número de 207 concursos durante el tercer trimestre del presente año. Este dato refleja un incremento del 35,3 por ciento, lo que reafirma la tendencia ascendente que ha caracterizado esta materia en el contexto legal local.

La modificación de la Ley Orgánica sobre el Poder Judicial, que ha entrado en vigor recientemente, ha llevado a que los concursos de personas naturales no empresariales recaigan bajo la competencia de los Juzgados de lo Mercantil. En este sentido, es crucial analizar estos procedimientos según el perfil de las personas afectadas, y no únicamente en función del órgano que lleva el caso.

En el ámbito de los lanzamientos, los datos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año revelan que se han producido 48, lo que supone una disminución del 21,3 por ciento en comparación con el mismo trimestre de 2023. De estos lanzamientos, 33 obedecen a procesos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Respecto a los lanzamientos ocasionados por ejecuciones hipotecarias, se ha observado una notable reducción del 30 por ciento en relación al tercer trimestre del año anterior, con un total de 7 casos, según un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Por otro lado, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el tercer trimestre de este año ha alcanzado las 79, lo que representa un asombroso 113,5 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2023.

En términos de empleo, los juzgados también han recibido un considerable volumen de actividad, con 485 demandas de despido en el tercer trimestre de 2024. Este dato refleja un incremento interanual del 33,2 por ciento, lo cual plantea serias interrogantes sobre la situación laboral en la región.

Asimismo, los procedimientos monitorios, que se utilizan para la reclamación de deudas líquidas y exigibles, han mostrado un aumento significativo. Durante el tercer trimestre de 2024, se han presentado 4.827 casos, lo que representa un crecimiento interanual del 7,3 por ciento.

Este procedimiento monitorio incluye, entre otras cosas, las cantidades adeudadas por conceptos de gastos comunes en comunidades de propietarios de inmuebles urbanos, subrayando así la magnitud de las obligaciones financieras que enfrentan tanto individuos como comunidades.

En cuanto a la ocupación ilegal de viviendas, la Ley 5/2018 modificó el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, facilitando así el proceso para abordar estos casos y aportando nuevas estadísticas desde el tercer trimestre de 2018 para juicios verbales posesorios en situaciones donde los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas con viviendas sociales.

Durante el tercer trimestre de 2024, se han registrado solamente dos demandas por ocupación ilegal, lo que supone un 30 por ciento menos que el año anterior. A nivel estatal, Cataluña lidera la lista con 123 demandas, equivalentes al 21,2 por ciento del total nacional, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana, que también muestran cifras significativas con 116 y 105 demandas respectivamente.