La reciente controversia en la Diputación de Badajoz ha llevado al diputado responsable de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, a verse envuelto en una situación inesperada. El funcionario ha manifestado su asombro por haber sido convocado a declarar como investigado en una investigación que involucra a David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a su contratación en la institución provincial.

La jueza Beatriz Biedma, encargada del caso, ha citado también a otras figuras clave, como el exasesor de La Moncloa, Luis María Carrero, quien actualmente ocupa un rol en la Delegación de Cultura de la Diputación, y al director del Área de Cultura, Deportes y Juventud. Estas comparecencias se llevarán a cabo el próximo 25 de abril, en un ambiente de creciente atención mediática y pública.

Ante los periodistas, Cabezas expresó su sorpresa por la citación, pero dejó claro su deseo de colaborar plenamente con la justicia para esclarecer los hechos lo antes posible. Además, reafirmó su compromiso con las políticas que fomenta desde su área, destacando el impacto positivo que han tenido en la comunidad local.

El diputado también hizo hincapié en que su presencia en el juzgado está relacionada con el proceso de selección de Carrero, al que está vinculado el caso. Este aspecto se ha visto complicado por la reciente resolución de la jueza, quien ha indicado que podría haber indicios de criminalidad en la manera en que se adjudicó el cargo de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas a Carrero. Según las conclusiones de la jueza, los correos electrónicos examinados sugieren que la designación se había acordado días antes de que se publicaran las bases de la convocatoria.

Frente a estas alegaciones, Cabezas ha manifestado su desconocimiento sobre los correos mencionados y ha mantenido que la única información que dispone es que Carrero es un funcionario de la Junta de Extremadura, quien se presentó a la convocatoria de manera formal y en condiciones transparentes. Aseguró que no posee más detalles sobre el proceso y que está dispuesto a aclarar cualquier duda.

Esta situación añade un nuevo capítulo a la relación entre la política local y las acciones judiciales, en un momento en que la atención sobre cuestiones de ética y transparencia en la administración pública es más crucial que nunca.