En Cáceres, el sistema judicial ha dado un importante paso al condenar a una pareja involucrada en una red de explotación sexual que operaba en un piso del barrio Nuevo Cáceres. La Audiencia Provincial ha declarado culpables a ambos por un total de siete delitos de trata de personas, sumando penas de seis años de prisión por cada infracción. Sin embargo, la sentenciados no cumplirán más de 18 años en prisión por esta acción criminal, que obligó a siete mujeres originarias de Colombia a prostituirse.

Además de las penas de cárcel, el juez ha dictado medidas de seguridad que incluyen la prohibición de que los condenados se comuniquen con las testigos protegidas y la restricción de acercamiento a menos de 200 metros de ellas durante una década. Esta decisión refleja la gravedad de los actos cometidos y busca proteger a las víctimas de cualquier represalia.

Los condenados también enfrentarán un delito continuado por violar los derechos de los ciudadanos extranjeros, lo que conlleva una multa de 10 meses con cuota diaria de seis euros. En caso de no cumplir con el pago, su responsabilidad será de carácter personal. Igualmente, tendrán que indemnizar a cinco de las víctimas con 8.000 euros cada una, así como 3.000 euros a otras dos afectadas, reflejando la responsabilidad económica que deben asumir por sus acciones.

Según los informes judiciales, la mujer condenada, originaria de Colombia, se estableció en Cáceres en 2023, donde mantenía una relación con el otro condenado. Juntos, iniciaron un plan para lucrarse mediante la prostitución de mujeres en situación vulnerable, contactando especialmente con mujeres en la localidad de San Gil. Su objetivo era atraerlas a España, prometiéndoles una mejor vida a cambio de dedicarse al trabajo sexual.

Para llevar a cabo su plan, los acusados financiaron los viajes de las mujeres, asegurando que pasaran los controles fronterizos con asistentes en Colombia que entregaban dinero en efectivo. Una vez en España, las mujeres debían devolver el dinero a los condenados, lo que refleja la manipulación y la coerción a las que estaban sometidas.

Las víctimas fueron instruidas para dar versiones específicas a las autoridades al llegar, y se les exigió borrar cualquier pista que pudiera delatar su verdadera intención. Esto demuestra la meticulosidad del proceso destinado a burlar los controles policiales bajo la apariencia de ser turistas.

Tras cruzar las fronteras, las mujeres eran recogidas por los acusados y llevadas al piso donde serían sometidas a sesiones fotográficas mostrando su cuerpo de manera provocativa. Estas imágenes se usaban para crear anuncios en Internet a fin de atraer clientes, consolidando la naturaleza depredadora de sus captores.

A pesar de que las víctimas eran conscientes de que venían para ejercer la prostitución, vivían bajo la ilusión de altos ingresos, sin entender completamente las condiciones brutales a las que serían sometidas. Se les exigía disponibilidad prácticamente total, y cualquier servicio realizado en su día de descanso conllevaba un pago adicional a sus captores, reflejando así un sistema de control extremo.

La red fue desmantelada tras investigaciones de la Policía Nacional, que monitoreó el piso durante varios meses y rastreó el movimiento de los acusados hacia el aeropuerto de Madrid, donde coincidían con la llegada de los vuelos desde Colombia.

Es crucial señalar que la sentencia aún no es definitiva y puede ser apelada en un plazo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo que abre un nuevo capítulo en este caso que ha sacudido a la comunidad y ha puesto de relieve la lucha contra la trata de personas.