CÁCERES, 2 de febrero. En un claro mensaje contra el "oportunismo político", aproximadamente 400 personas se concentraron este domingo entre las ciudades de Cáceres y Badajoz, según datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Extremadura. Los manifestantes comparecieron para exigir un Parlamento que responda a las necesidades de la ciudadanía.

La protesta fue orquestada por los sindicatos UGT y CCOO bajo el contundente lema 'Con los derechos de la gente no se juega'. En Badajoz, en el Paseo de San Francisco, se congregaron alrededor de 150 personas, mientras que en el Paseo de Cánovas en Cáceres, el número de manifestantes alcanzó cerca de 250.

Entre los asistentes en Cáceres, se encontraron las secretarias generales de CCOO y UGT en Extremadura, Encarna Chacón y Patro Sánchez, quienes expresaron su descontento con la aparente instrumentalización de la clase trabajadora y los ciudadanos como herramientas políticas para intentar "tumbar al Gobierno".

Patro Sánchez destacó ante los medios que, a lo largo del proceso relativo al decreto 'ómnibus', se ha manejado a la ciudadanía y sus derechos como piezas de un juego político. Así, hizo hincapié en temas cruciales como el salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, los desahucios y las cuestiones relacionadas con el transporte público.

"Demandamos un Parlamento que sea verdaderamente un Parlamento del pueblo, y no un Parlamento sometido al oportunismo político de ciertos grupos parlamentarios", subrayó Sánchez. Además, advirtió que los sindicatos no tolerarán que los ciudadanos se conviertan en rehenes de los intereses de los partidos políticos.

Posteriormente, la secretaria general de UGT Extremadura hizo un llamado a la aprobación de medidas que favorezcan a la clase trabajadora y a la ciudadanía. También dejó claro que no permitirán que, por "otro juego de oportunismo", se desmorone el último decreto del Gobierno.

Encarna Chacón, por su parte, lamentó que en los últimos días el país haya atravesado "momentos muy graves", los cuales caracterizó como "la mayor agresión en democracia contra la clase trabajadora y la mayoría social". En este contexto, enfatizó la necesidad de seguir avanzando en la lucha social.

Chacón, además, apuntó que el "próximo paso" en esta lucha será la convalidación de la reducción de la jornada laboral, argumentando que es fundamental que las empresas también compartan los beneficios que obtienen.

“Este es el momento del avance social, y por ello estamos en las calles y continuaremos nuestra lucha hasta lograr mejorar nuestros derechos”, concluyó Chacón.

De esta manera, Badajoz y Cáceres se sumaron a las manifestaciones organizadas por UGT y CCOO en todas las comunidades autónomas del país, para protestar contra el "oportunismo" en el uso de la protección social por parte de las formaciones políticas.

Ambas organizaciones sindicales, en un manifiesto conjunto, justificaron la movilización subrayando que el Parlamento debe estar "al servicio de la gente" y no ser un instrumento de "estrategias de vuelo corto" que únicamente sirven para desprestigiar a quienes las promueven, con repercusiones negativas para las instituciones democráticas.

Además, recordaron que la no convalidación del primer decreto 'ómnibus' pone en riesgo a más de 10 millones de pensionistas, a 2 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como a aquellos que reciben asistencia por la DANA y el Volcán de la Palma, y afectaría a las familias vulnerables que podrían ver paralizados sus desahucios y a más de 20 millones de usuarios del transporte público.

“No podemos permitir que estos derechos se conviertan en una moneda de cambio en una disputa esteril y artificial sobre si las medidas deben presentarse en conjunto o por separado en distintos decretos. Es evidente que el objetivo principal es castigar al Gobierno aprovechando cualquier oportunidad”, manifestaron representantes de CCOO y UGT.