El 15 de octubre en Mérida, la Junta de Extremadura ha manifestado su firme intención de confrontar al Ministerio de Transportes y a otros gobiernos autonómicos en un esfuerzo por asegurar que la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa esté operativa para 2030, en lugar del 2034 que se establece en un documento reciente firmado entre España, Portugal y la Comisión Europea.

En declaraciones hechas a la prensa, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, enfatizó que la administración extremeña no aceptará la propuesta traída por el Gobierno central, especialmente si es refrendada por el presidente Pedro Sánchez, ya que tal decisión sería un grave perjuicio para la región. Martín Castizo insistió en que el tren de alta velocidad debe estar disponible para 2030.

Martín Castizo fue categórico al oponerse a lo que él considera una oferta insuficiente, sugiriendo que el documento en cuestión se limita a la electrificación de las vías convencionales, lo que no es más que una forma de conformarse con menos. Afirmó que el Gobierno de María Guardiola está decidido a evitar que la administración central continúe engañando a los ciudadanos de Extremadura.

El consejero recordó que la comunidad ha estado esperando por la llegada de este tren desde 2010 y que su paciencia no debe ser considerada complacencia. "No nos quedaremos callados ante un gobierno que no honra las promesas sobre las infraestructuras que necesita Extremadura", afirmó con determinación.

Martín Castizo también destacó que la lucha por asegurar que el proyecto se ejecute con prontitud no se limitará a la esfera local, sino que extenderán sus esfuerzos hacia Madrid y Bruselas. "Colaboraremos con otros gobiernos regionales para intentar corregir esta decisión y hacer que se escuchen nuestras demandas", concluyó el consejero.

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