En Mérida, el 8 de julio, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha tomado una decisión trascendental al aprobar un nuevo decreto destinado a simplificar la normativa relacionada con la vivienda protegida. Esta iniciativa busca optimizar el funcionamiento del mercado inmobiliario, eliminando trámites que, según las autoridades, dificultan la venta y adquisición efectiva de propiedades.

Una de las reformas centrales del decreto es la unificación del período de protección de estas viviendas a 20 años. La portavoz del Gobierno regional, Victoria Bazaga, explicó que esta medida tiene como objetivo erradicar la disfunción y la incertidumbre legal que generaban los plazos de protección variables. Asimismo, se han suprimido procedimientos como el tanteo y retracto, considerados una carga burocrática que nunca se había utilizado realmente en la práctica.

El texto del decreto se compone de cinco artículos, además de disposiciones adicionales y transitorias. Tres de esos artículos se enfocan en regular diferentes aspectos técnicos sobre la vivienda, que incluyen el mencionado Libro del Edificio, los plazos procedimentales, y la implementación de medidas de simplificación concretas.

Entre las reformas más relevantes, la unificación del plazo de protección a 20 años destaca por su potencial para proporcionar mayor claridad a todos los actores involucrados y facilitar el acceso a la vivienda. Además, se introducirá un nuevo método para calcular el precio máximo de venta de las transmisiones futuras, que estará relacionado con el “módulo” vigente de cada tipo de vivienda, reemplazando a un sistema anterior que se basaba en el IPC y fórmulas complejas que complicaban el proceso.