En Badajoz, el 14 de enero, el recién confirmado como secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha mostrado su disposición para contribuir desde la oposición, afirmando que su partido se siente "encantado" de desempeñar un papel "responsable" en pos de la estabilidad de la región. Esta estabilidad, según Gallardo, puede lograrse mediante la aprobación de unos nuevos presupuestos, aunque ha dejado claro que esto requerirá que la presidenta de la Junta, María Guardiola, esté dispuesta a realizar "muchas concesiones".

Entre las demandas que Gallardo ha resaltado como "importantísimas" se encuentran el firme compromiso de no modificar las leyes que son símbolo de la memoria democrática, así como la necesidad de revisar los privilegios fiscales que, a su juicio, perjudican a las economías de las clases medias y trabajadoras. Este enfoque resalta la preocupación del PSOE por aspectos que considera fundamentales para el bienestar de los ciudadanos en Extremadura.

Gallardo también ha manifestado su alarma por la situación del sistema de sanidad pública en la comunidad, al que ha calificado de estar "hecho unos zorros". Según sus declaraciones, en poco más de un año, el gobierno regional ha logrado desmantelar una parte considerable de este sistema. Asimismo, ha hecho hincapié en que la educación está cada vez más inclinada hacia lo privado en detrimento de lo público, lo que genera una preocupación adicional para el partido socialista.

En cuanto a la posibilidad de discutir los presupuestos generales con el gobierno extremeño, Gallardo ha sido claro: "Nosotros no vamos a defender nunca, ni vamos a apoyar nunca aquello que desmantela lo público en favor de lo privado". Ante las preguntas de los periodistas, el secretario del PSOE ha indicado que quien tiene que responder sobre este tema es la presidenta de la Junta, María Guardiola, añadiendo que ella podrá ofrecer una respuesta adecuada una vez que hayan discutido el asunto entre ambos.

Esta situación política en Extremadura se presenta como un campo de batalla ideológico donde cada partido tiene claras sus posturas y sus límites. Con el PSOE presionando por la protección de lo público y el bienestar social, la atención se centrará en cómo responderán desde el gobierno regional a estas exigencias en los días venideros.