En un acto reciente en Mérida, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha hecho una importante declaración sobre la situación de la mutua Muface. Aseguró que garantizará la atención sanitaria a los usuarios ante la inquietante posibilidad de la desaparición de esta institución, instando además al Gobierno de España a que reevalúe su postura sobre el tema.

Estas palabras se dieron en respuesta a una intervención del diputado de Vox, Javier Bravo Arrobas, quien interpeló en el pleno de la Asamblea sobre los preparativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) ante el potencial desafío que conllevaría la extinción de Muface. En este contexto, la consejera expresó su preocupación por la situación actual.

Durante su alocución, García Espada no solo dio la bienvenida al diputado de Vox, sino que también le sugirió que su llegada a este debate se produce “en el segundo tiempo del partido”. Resaltó que el Partido Popular ya ha tomado la iniciativa de defender la continuidad de Muface, tanto a nivel nacional como en la región. En este sentido, recordó que su grupo parlamentario ha registrado una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea de Extremadura en favor de la permanencia de Muface.

Asimismo, la consejera hizo hincapié en que desde el comienzo de este periodo de incertidumbre, a su juicio orquestado por el Gobierno central de manera deliberada, ha dejado clara su posición respecto a la defensa de Muface. Expresó su temor y aseguró que, aunque las competencias en esta materia corresponden al Ministerio de Función Pública, si el Gobierno decidiera disolverla, el SES podría intervenir para ofrecer asistencia sanitaria a los mutualistas. Sin embargo, enfatizó que sería necesario negociar con el ministerio los recursos financieros apropiados para asegurar una atención de calidad.

En sus declaraciones, García Espada manifestó su inquietud no solo por los 43.000 mutualistas de Extremadura, sino porque la situación afectaría a más de un millón de ciudadanos en la región. Esta realidad, según sus palabras, debería ser motivo de alarma para todos.

La consejera subrayó que, en un giro inesperado, el Gobierno central ha logrado poner de acuerdo a las distintas facciones políticas, a la vez que calificó la situación actual como “tremendamente rocambolesca”, sentenciando que los pacientes de Muface no merecen vivir en condiciones de incertidumbre. Señaló el impacto que ello tiene en los pacientes oncológicos, quienes temen por la continuidad de su tratamiento, así como en aquellos que requieren atención en salud mental o quienes han establecido un vínculo duradero con sus médicos familiares.

Por su parte, Javier Bravo Arrobas, el diputado de Vox, expresó su desasosiego respecto a lo que considera un “inminente abandono” del Gobierno nacional hacia los mutualistas de Muface, atribuyendo esto a una falta de consenso y a la ineficacia en las negociaciones llevadas a cabo. Recordó que Muface representa a una parte considerable de los usuarios del sistema sanitario, y que su desaparición obligaría al SES a asumir la atención de cerca de 43.000 personas en la región.

Bravo Arrobas advirtió que esta sería una carga adicional que, sin una adecuada planificación y los recursos necesarios, podría superar la capacidad económica y organizativa del sistema sanitario. “La salud y la política sanitaria de Extremadura no pueden tolerar la improvisación. Eso no es una opción viable”, manifestó, subrayando que es crucial comprender cómo se está preparando el SES para afrontar este significativo reto.

Finalmente, el diputado insistió en la necesidad urgente de conocer las medidas que se están diseñando, los recursos que se están movilizando y la cantidad de profesionales médicos disponibles para evitar un eventual colapso del sistema sanitario, lo cual podría tener repercusiones nefastas para todos los extremeños.