En el día de ayer, 11 de septiembre, la Junta de Extremadura volvió a poner de manifiesto la falta de acción por parte del Gobierno central en lo que respecta a la atención de los menores migrantes que llegan al país. En un debate reciente, Vox acusó al Ejecutivo regional de ser cómplice de esta inacción.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta, Sara García Espada, y el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, intercambiaron opiniones durante el pleno de esta semana en respuesta a una pregunta planteada por Vox sobre los gastos mensuales asociados con el cuidado de cada menor no acompañado en la región.

Durante su intervención, García Espada recordó que la Junta de Extremadura posee la competencia en materia de "protección y tutela de los menores" que se encuentran solos o en riesgo, afirmando que esta responsabilidad se lleva a cabo sin distinción de nacionalidad o raza.

En cuanto al coste de los cuidados necesarios para cada menor, la consejera enfatizó que este puede variar significativamente dependiendo de las necesidades individuales del menor y del tipo de recurso en el que se encuentre.

García Espada instó al portavoz de Vox a sumarse a lo que calificó como un "discurso de sensatez y sentido común" promovido por su Gobierno, al tiempo que reiteró su demanda al Gobierno central para que implemente medidas efectivas que aborden la crisis migratoria actual, incluyendo un mayor control en los países de origen y la utilización de todos los mecanismos europeos disponibles.

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