En la mañana del 15 de enero, Mérida se prepara para el primer pleno de la Asamblea de Extremadura del año 2025, donde se abordarán temas cruciales como el regadío de Tierra de Barros, los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 y la mina de litio ubicada en Cáceres.

El pleno, que dará inicio a las 09:30 horas, comenzará con las preguntas de los distintos grupos parlamentarios dirigidas a los miembros del Consejo de Gobierno. Específicamente, la formación Unidas por Extremadura planteará interrogantes sobre las razones que llevaron a la Junta a solicitar documentación adicional a la empresa detrás de la mina de litio de Cáceres. Por su parte, Vox no se quedará atrás y formulará dos preguntas centradas en los PGEx.

En este sentido, Vox buscará conocer cómo se plantea la Junta de Extremadura la recta final de la tramitación de los presupuestos autonómicos y cuestionará si la negociación de estas cuentas con el PSOE supone algún dilema, tomando en cuenta que el secretario general del partido, Miguel Ángel Gallardo, se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

El Grupo Parlamentario Socialista, en su turno, pretende indagar si la Junta considera que posee la capacidad necesaria para concluir "en tiempo y forma" las obras que se están desarrollando en entornos residenciales, las cuales forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, los socialistas questionarán sobre los beneficios que tendría para el alumnado extremeño la reciente modificación del Auxiliar Técnico Educativo a partir de enero, así como cuestiones relacionadas con la Ley de Memoria Histórica y Democrática vigente en la región.

Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, se presentará ante el pleno a petición propia para ofrecer un informe detallado sobre la situación actual del importante proyecto de regadío de Tierra de Barros.

El Grupo Parlamentario Socialista también presentará una moción como consecuencia de las interpelaciones, en la que instará a la Junta a implementar una serie de medidas que mejoren el transporte sanitario terrestre en la región.

Para concluir, el último punto en el orden del día se centrará en dos propuestas de impulso que serán presentadas tanto por Unidas por Extremadura como por el Grupo Parlamentario Socialista.

En particular, la propuesta de Unidas por Extremadura instará a la Junta a promover cambios en la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura, añadiendo una disposición que prohíba contratar campañas de publicidad o comunicación institucional con medios que hayan sido condenados repetidamente por difundir informaciones inexactas, violar derechos al honor y a la intimidad, o por delitos de odio.

Por otro lado, los socialistas, a través de su iniciativa, exigirán al Ejecutivo extremeño que se elabore un Plan de Ordenación de los recursos humanos en el ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura.