La Diputación de Badajoz ha realizado reajustes en su Plan de Medidas Antifraude, con el fin de alinearse con las nuevas normativas y responder adecuadamente a las condiciones del sector público provincial. Esta modificación se enmarca dentro de un contexto en el que la transparencia y la integridad administrativa son más necesarias que nunca.

El plan revisado establece lineamientos claros en materia de antifraude, anticorrupción y prevención de conflictos de intereses, especialmente en relación con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como de otros recursos europeos dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. La Diputación asume la responsabilidad de aplicar estas directrices a diversas iniciativas, sin importar su fuente de financiamiento, siempre que lo estime pertinente.

Con esta nueva normativa, la Diputación amplía su vigilancia y control sobre no solo los fondos europeos, sino también sobre todas las áreas que requieren un proceso de selección de personal, sin distinción de su financiación. Este cambio refleja un compromiso renovado hacia una gestión más rigurosa y ética.

En un comunicado oficial, la institución resaltó su condición de beneficiaria de 47 proyectos financiados por fondos europeos, que suman cerca de 68 millones de euros. La actualización del plan es una clara señal de su dedicación para garantizar prácticas que se oponen a cualquier forma de fraude o corrupción, buscando obtener la confianza de todos los stakeholders involucrados.

Para mayor transparencia, se ha habilitado un enlace donde los ciudadanos pueden revisar la última versión del plan, aprobado el 20 de mayo de 2025, así como la Declaración institucional contra el fraude. Este espacio incluye un Buzón Antifraude, destinado a reportar cualquier actividad sospechosa que pudiera ser un indicio de irregularidades relacionadas con los proyectos financiados por Europa.

Además, la web de la Diputación pone a disposición un Canal Interno de Información, creado para cumplir con la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Esta iniciativa busca ofrecer protección y apoyo a quienes informen sobre infracciones normativas y contribuir a la lucha contra la corrupción en el ámbito local.