En una reciente sesión, el Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado un presupuesto de 120.000 euros para llevar a cabo un estudio que identifique la presencia de amianto en edificios públicos ubicados en municipios con menos de 10.000 habitantes. Este análisis se realizará utilizando tecnología de Inteligencia Artificial, lo que marca un avance significativo en la detección de materiales peligrosos.

La portavoz del Gobierno provincial, Esther Gutiérrez, destacó que este es un paso inicial para crear un inventario que incluya todos los edificios con amianto, un material que ha estado asociado a graves problemas de salud, como enfermedades respiratorias, debido a la inhalación de sus fibras. Este compuesto fue común en las construcciones antiguas, especialmente en las uralitas que se usaban para techados.

El presupuesto para la provincia en 2025 incluye una inversión de 300.000 euros destinada a la creación de un mapa sobre el amianto, comenzando con el estudio mencionado. Gutiérrez indicó que la información recabada permitirá a los municipios conocer la situación de sus edificios en relación a este material, y facilitará que puedan implementar las medidas necesarias para su eliminación en el futuro.

La representante del Gobierno provincial recordó que la Ley 7/2022, aprobada el 8 de abril, obligaba a los ayuntamientos a mantener un registro local de los materiales presentes en las construcciones municipales. Según la normativa, es responsabilidad de las administraciones locales retirar cualquier material que contenga amianto en condiciones deterioradas o al final de su ciclo de vida, para prevenir riesgos a la salud pública.

Gutiérrez explicó que el análisis inicial revelará cuáles son las localidades afectadas por el amianto, lo que permitirá a los ayuntamientos planificar acciones específicas para abordar esta problemática. La eliminación del amianto será una fase posterior, siendo crucial primero contar con un mapa detallado que facilite la priorización de las intervenciones necesarias.

En la misma sesión plenaria, se aprobó un conjunto de subvenciones destinadas a diversas localidades de la provincia, donde destaca un apoyo de 18.000 euros para fomentar la inauguración de tiendas de alimentación en municipios que carecen de este servicio esencial.

Entre los pueblos beneficiarios se encuentran Berrocalejo, Villa del Rey y Herrera de Alcántara, poblaciones que, con menos de 250 habitantes, necesitarán asistencia para ofrecer un servicio que es fundamental para su comunidad. La diputación se compromete a ayudar a estos municipios a garantizar la disponibilidad de alimentos y productos básicos.

Gutiérrez explicó que las subvenciones permitirán a los ayuntamientos implementar las soluciones más adecuadas a sus necesidades, ya sea mediante la adecuación de un local municipal existente o mediante la creación de uno nuevo. El objetivo es claro: que cada localidad cuente con al menos una tienda de alimentación disponible para sus ciudadanos.

Una vez que estas tiendas comiencen a operar, serán los propios ayuntamientos quienes decidirán cómo gestionarlas. Gutiérrez subrayó la importancia de impulsar el autoempleo, permitiendo que los residentes de estas localidades o nuevos emprendedores puedan establecerse y administrar el negocio. La diputación, a su vez, facilitará los fondos necesarios para que estas iniciativas puedan llevarse a cabo con éxito.