MÉRIDA, 15 Nov.

La Junta de Extremadura ha reafirmado su postura, tal como lo manifestó la presidenta María Guardiola en julio pasado, reiterando que "no representa una prioridad ni está en la agenda" la derogación de la vigente Ley de Memoria Histórica de la comunidad. Asimismo, la presidenta enfatizó que lo verdaderamente "prioritario" es "garantizar el respeto hacia los derechos de todas las víctimas".

De esta manera, la Junta subraya que el enfoque debe centrarse en la inversión en recursos destinados a políticas y programas que “rindan homenaje” a la memoria de “todas” las víctimas. Adela Rueda, directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta, defendió esta línea de acción con mucho reverencia, asegurando que no se ha recortado "ni un solo euro" en este ámbito. Estas declaraciones surgieron en respuesta a un cuestionamiento del PSOE durante una comisión en la Asamblea el pasado viernes.

Por su parte, el diputado del PSOE, Ricardo Utrera Fernández, exigió a la Junta de Extremadura "respeto" y que se detenga en su "manipulación y comercio" con los "derechos humanos" que emanan de la Memoria Histórica y Democrática. Utrera instó a que no se derogue la normativa actual sobre esta materia y que, por el contrario, se avance en su desarrollo.

El diputado recordó que el PP se opuso en su momento a la Ley de Memoria Histórica de Extremadura y que la derogación de esta normativa fue parte de su programa electoral. Además, mencionó que este punto estaba incluido en el acuerdo de gobierno con Vox al inicio de la legislatura. Por ello, Utrera considera que la Junta debería poner fin a "los juegos políticos" y aclarar sus verdaderas intenciones, ya sea en relación a una posible derogación de la norma en el futuro o sobre si tiene planes para aprobar una Ley de Concordia que él mismo califica como "vergonzosa, insultante y humillante para las víctimas".

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