La Justicia se encuentra actualmente en espera de pronunciarse acerca de la denuncia presentada la semana pasada, en la cual se solicita la implementación de medidas cautelares en el sector del transporte escolar.

En Mérida, a fecha de 10 de septiembre, la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha tomado una decisión significativa al emitir una resolución administrativa. Esta resolución busca asignar directamente el servicio de transporte escolar a las empresas que tradicionalmente han desarrollado cada una de las rutas, las cuales no fueron adjudicadas en anteriores licitaciones realizadas por el gobierno regional.

La decisión del Ejecutivo autonómico surge tras la reciente licitación, celebrada el 9 de septiembre, que resultó en la asignación de 19 rutas, pero dejó un total de 223 rutas sin adjudicar de las 579 que opera la comunidad. Esto subraya la necesidad urgente de una solución viable en el área del transporte escolar.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, explicó en una rueda de prensa que, mediante esta resolución, se encomienda a los transportistas homologados bajo el acuerdo marco vigente de 2024, que no participaron en las licitaciones, la "obligación" de brindar un servicio tan esencial como el transporte escolar.

Vaquera destacó que si las empresas no cumplen con lo estipulado en la resolución, la Junta de Extremadura tomará "las medidas oportunas". La consejera fue clara al afirmar: "Si no lo hacen (si las empresas no cumplen con el servicio), tendremos que actuar".

Adicionalmente, es importante mencionar que la Junta sigue a la espera de la respuesta judicial sobre la denuncia presentada la semana anterior. Esta denuncia involucra a ciertas empresas del sector que, según se alega, se niegan a acatar el acuerdo firmado en 2024.

Según Vaquera, la denuncia fue interpuesta no por la falta de participación en las licitaciones, sino debido a una supuesta intención de algunas empresas minoritarias de manipular los costos del servicio utilizando coacciones y amenazas, lo que afecta gravemente a los derechos de miles de estudiantes.

En cuanto a las críticas recibidas por parte de la oposición, la consejera defendió la gestión de la Junta en el ámbito del transporte escolar desde que asumieron el poder en julio de 2023, enfatizando el esfuerzo continuo para asegurar un servicio "esencial".

"Desde ese momento hemos estado planificando y gestionando con el objetivo de que todos los estudiantes dispongan de este servicio", subrayó Vaquera, quien aseguró que la Junta siempre ha mantenido una disposición abierta hacia las empresas del sector. Sin embargo, confirmó que la denuncia fue una medida inevitable ante la situación presente.

La consejera hizo hincapié en que "no se puede permitir que se distorsione el mercado o se alteren precios mediante amenazas", recordando que la mayoría de las empresas operan de manera digna y honesta, contribuyendo al bienestar de la comunidad educativa.