MÉRIDA, 28 de noviembre.

La Junta de Extremadura llevará a cabo la tramitación de un incremento salarial del 2,5% para este año, que ha sido acordado entre el Gobierno central y los sindicatos, beneficiando a alrededor de 50,000 funcionarios de la región. Este aumento se implementará "tan pronto como" sea aprobado en el Consejo de Ministros, lo cual tendrá un coste para las arcas regionales de aproximadamente 68 millones de euros.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha expresado una opinión "positiva" respecto a este avance, destacando que la Administración central finalmente ha comenzado a dialogar sobre la subida, tras un prolongado período de silencio y desinterés en reconocer la labor de los empleados públicos. Manzano ha subrayado que la medida debe ser ratificada primero en el Consejo de Ministros y luego en el Consejo de Gobierno autonómico.

Asimismo, aunque no ha podido ofrecer una fecha definitiva para el desembolso de este incremento salarial hasta que se obtenga la aprobación a nivel nacional y luego regional, Manzano ha indicado que el impacto en el presupuesto extremeño será de unos 68 millones de euros, lo que representa 16 millones más en comparación con el aumento del 2% que ya se había contemplado inicialmente por la Junta.

El aumento salarial afectará a unos 50,000 empleados públicos en la comunidad, variando según el sueldo base de cada uno. La consejera ha enfatizado que "en cuanto" se dé luz verde a la medida en el Consejo de Ministros y la Junta haga lo propio en su reunión, se procederá a abonar el incremento correspondiente.

La consejera hizo estas declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al Foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía', que se celebra en Mérida, organizado por el periódico HOY.

Respecto a la reciente oposición en el Congreso a la estrategia de estabilidad presupuestaria y deuda pública del Gobierno para el periodo 2026-2028, Manzano ha defendido la postura de rechazo de las comunidades autónomas sobre el modelo de distribución propuesto por el Ejecutivo nacional, considerándolo "completamente injusto".

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