La Junta prepara una ley para reducir trámites y documentos en la Administración extremeña

La Junta de Extremadura avanza en la elaboración de una nueva Ley de Simplificación Administrativa Inteligente, cuyo objetivo declarado es reducir las trabas burocráticas y agilizar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración autonómica. Según el comunicado del Gobierno regional, la norma busca que trámites como solicitar una ayuda, obtener una autorización o poner en marcha un negocio exijan menos documentos, menos tiempo y menos pasos.

La iniciativa corresponde a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, que lidera María Guardiola, y se apoya en los avances de los dos últimos años en simplificación y digitalización. El Plan de Simplificación Administrativa Digital ha trabajado sobre más de 500 trámites. En los 119 procesos ya completados, la reducción media alcanza el 50% de la documentación requerida, el 41% de los datos solicitados y el 42% del tiempo de gestión manual. El balance de octubre de 2026 recoge 768 trámites digitales.

El Gobierno regional también cita el informe CAE 2025 del Ministerio de Transformación Digital, según el cual Extremadura ha pasado del 45% de disponibilidad en línea de sus principales trámites en 2023 al 91% en 2025, por encima del 88% de media europea. Entre las medidas previstas, la futura ley plantea que la Junta pueda consultar datos que ya obran en poder de las administraciones, en lugar de exigir su aportación a ciudadanos y empresas, con las garantías legales necesarias. En el ámbito empresarial, se promoverá el uso de declaraciones responsables para iniciar actividades cuando la normativa y el nivel de riesgo lo permitan. En las ayudas y subvenciones, se propone reducir la documentación, simplificar solicitudes y justificaciones, y ampliar los supuestos de silencio administrativo con efecto estimatorio, dentro de los límites legales.

El proceso incluye un diálogo con los sectores afectados. Se han celebrado encuentros con más de 100 representantes empresariales, profesionales y sociales, entre ellos la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, la CREEX, el CIEM y las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, además de reuniones con colegios profesionales y corporaciones empresariales de Cáceres los días 28 y 29 de octubre.

El texto prevé medir los tiempos de tramitación, las esperas y los costes administrativos para comprobar los resultados, así como designar responsables de simplificación. El Gobierno autonómico pretende someter el proyecto a audiencia e información pública entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Después, tras analizar las aportaciones y completar los informes preceptivos, podrá elevarlo a la Asamblea de Extremadura.