En una reciente intervención telemática en la Comisión Europea de Desarrollo Regional, la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha subrayado la importancia de la política de cohesión, considerándola una "prioridad" fundamental para alcanzar la justicia y la igualdad territorial en la región.

Manzano ha hecho hincapié en que los fondos europeos no deben ser vistos como un mero suplemento para Extremadura, sino como un "pilar esencial" que sostiene la inversión pública. Según ella, estos fondos son cruciales para financiar infraestructuras vitales como carreteras, hospitales, centros educativos y programas de empleo, que son esenciales para el desarrollo de la comunidad.

La consejera ha resaltado que, en los últimos veinte años, las contribuciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo han superado los 4.200 millones de euros. De esta cantidad, más de 3.397 millones provienen de Feder, mientras que 847 millones corresponden al Fondo Social Europeo, lo que ha permitido transformar radicalmente las oportunidades en la región.

El objetivo de la Unión Europea ha sido, a lo largo del tiempo, mitigar las disparidades sociales y económicas entre sus partes. Manzano enfatizó que el Tratado de Lisboa introdujo la necesidad de una cohesión territorial, considerando que esta política no es una opción, sino un mandato vinculante que está intrínsecamente ligado a la igualdad y la justicia social.

Durante su discurso, la consejera manifestó que el derecho a la cohesión de los ciudadanos europeos y españoles se ve amenazado por el uso exclusivo de un fondo europeo, como el Fondo de Asociación Nacional y Regional, que fusiona múltiples políticas. Manzano argumentó que la reforma sugerida atenta contra el modelo histórico de la Política Agrícola Común (PAC), y por lo tanto, requirió un presupuesto adecuado y blindado especialmente para esta política.

Asimismo, la consejera alertó que la política de cohesión se deteriora cuando se impone un modelo centralizado de gobernanza, dado que las decisiones sobre reformas e inversiones se tomarían únicamente desde el Estado sin considerar la voz de las comunidades autónomas y municipios.

Por último, Manzano mencionó la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad, que establece la importancia de la participación de los parlamentos nacionales en las actividades de la Unión Europea y la consideración de la dimensión regional y local en los proyectos legislativos. Concluyó subrayando que el proceso de toma de decisiones debe incluir tanto al Estado como a las autonomías y municipios, abogando por una cohesión que priorice la justicia y la equidad en su desarrollo.