El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado su disposición al diálogo en relación con los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), aunque ha dejado claro que la derogación de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática no está en discusión, un aspecto que consideran fundamental.

En un encuentro celebrado en Mérida el 15 de enero, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, expresó su rechazo tanto a la mencionada Ley de Memoria Histórica y Democrática, que fue impulsada por el PSOE, como a la Ley de Concordia que fue formulada por Vox. Bautista hizo hincapié en que estas legislaciones no son de su agrado, alineándose con una postura crítica hacia ambas normativas.

Durante el pleno de la Asamblea de Extremadura, y en respuesta a una pregunta planteada por el PSOE, Bautista subrayó claramente que su desacuerdo con la ley del PSOE es rotundo: “Que quede claro, ni nos gusta su ley ni nos gusta la ley que presentó Vox”. La intervención del consejero fue parte de la discusión más amplia sobre la necesidad de modificar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, lo que generó el interés del grupo socialista por entender la postura de la Junta.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, hizo hincapié en su formación política, que ha estado dispuesta a negociar y encontrar soluciones que aseguren la estabilidad de la región. Álvarez expresó su desconcierto ante el aparente cambio de opinión del Gobierno regional respecto a la Ley de Memoria Histórica, defendiendo que su implementación “no ha hecho daño a nadie” y que, por el contrario, ha tenido un impacto positivo en la ciudadanía.

Además, la portavoz socialista recordó que el Ejecutivo extremeño que aplica esta ley lo hace en representación de todos los ciudadanos, instando a la Junta a mantener esta legislación que, según sus palabras, contribuye a mejorar la vida de las personas y a restaurar su dignidad. Este intercambio refleja las tensiones permanentes en la política regional, donde cada partido defiende visiones antagónicas sobre el pasado reciente de España y su legado.

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