El gobierno de la Junta de Extremadura ha mostrado su apoyo a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, la cual busca eliminar el aforamiento que actualmente beneficia a los diputados autonómicos. Esta disposición se dio a conocer en un contexto donde la administración parece dispuesta a dialogar y alcanzar acuerdos necesarios para mantener la integridad de las instituciones.

La polémica surgió a raíz de la reciente actuación del socialista Miguel Ángel Gallardo, quien tomó posesión de un escaño en la cámara regional con el objetivo de obtener un aforamiento que algunos consideran inapropiado. Abel Bautista, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, ha calificado esta acción como una “adquisición ilegítima” del estatus privilegiado.

Bautista también ha desestimado las insinuaciones de Vox, que presenta la situación como una señal de impunidad derivada del aforamiento. Recordó unas declaraciones recientes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que indicaron que las acciones de Gallardo no conformaban una adquisición legítima, sino más bien una serie de renuncias coordinadas entre diputados.

Teóricamente, no ha habido consenso aún sobre la urgencia de realizar esta reforma de estatuto, como afirmó Ángel Pelayo Gordillo Moreno, presidente del Grupo Parlamentario Vox, durante la sesión plenaria del jueves. Gordillo instó al Gobierno a adoptar medidas que permitan a los diputados ser considerados “iguales ante la ley”, alegando que la Junta recibió su solicitud de reforma hace un mes.

Ante la pregunta directa sobre la viabilidad de esta reforma en un plazo tan corto, Bautista subrayó que el proceso requerirá un análisis concienzudo y un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Insistió en que, aunque están a favor de la reforma, el proceso no se puede atropellar.

El representante de Vox, en respuesta, reconoció la disposición del gobierno autonómico para avanzar en la modificación del Estatuto, pero agregó que esto debe hacerse con celeridad, dado el contexto de escándalos que rodean al Partido Socialista y la necesidad de evitar que se repitan situaciones similares.

Gordillo enfatizó la importancia de establecer un ejemplo de igualdad ante la ley, recordando que la situación en cuestión ha sido señalada como un “fraude de ley” por el TSJEx. Esto, según él, justifica la urgencia de la reforma, que es más bien una “pequeña modificación” que busca garantizar que todos los diputados sean tratados igual que los ciudadanos comunes.

El diputado de Vox fue contundente al llamar a la acción, instando al gobierno a no caer en la inercia y a evitar la “senda de la centralidad”, que él considera un desinterés deliberado por parte de algunos partidos. Reiteró la necesidad de que el Ejecutivo regional priorice esta reforma para asegurar la dignidad y la equidad entre los legisladores y el resto de la sociedad.

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