En Mérida, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Extremadura lanza una ofensiva legal ante el crítico estado del transporte escolar al inicio del curso. Con más de 200 rutas inoperativas y cerca de 5,000 estudiantes perjudicados, la situación plantea una grave amenaza al derecho a la educación consagrado en la Constitución Española.

El secretario de Educación y Formación Profesional del PSOE en la región, Francisco Javier Amaya, ha afirmado en una rueda de prensa que están explorando todas las alternativas legales disponibles para que la presidenta de la Junta de Extremadura restablezca, con carácter urgente, este derecho fundamental establecido en el artículo 27 de la Constitución.

Amaya ha expresado que si sus asesores jurídicos determinan que se están vulnerando los derechos educativos, así como los de conciliación familiar, el partido llevará el asunto ante los tribunales. El dirigente socialista también ha hecho un llamado al Gobierno regional para que implemente todas las medidas y tipos de contratos necesarios que solucionen esta crisis.

Además, ha demandado que se dispongan de inmediato ayudas directas y adecuadas para las familias, que no solo deben enfrentar los gastos inherentes al inicio del año escolar, sino que ahora también lidiar con esta nueva problemática.

Durante su declaración, Amaya hizo hincapié en que, por segundo día consecutivo, más de 5,000 alumnos se han visto obligados a permanecer en casa debido a este "caos sin precedentes". El dirigente socialistas mostró su apoyo y solidaridad con las familias involucradas, enfatizando que la única razón de esta situación parece ser la incompetencia del Gobierno regional.

A pesar de la gravedad de la situación, Amaya ha querido dirigir su mensaje al Ejecutivo autonómico, instándole a encontrar una solución que restablezca un servicio vital que garantiza el acceso a un derecho esencial para todos los españoles, incluyendo a los extremeños.

En paralelo, los socialistas han reiterado su exigencia de que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, presente su dimisión, apuntando que ella, junto a la presidenta de la Junta, es responsable de esta crisis educativa sin precedentes en los 25 años de autonomía en la región.

(Más información en Europa Press)