El pasado 11 de abril, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, hizo un llamamiento a las Comunidades Autónomas, particularmente a aquellas gestionadas por el PP, para que actúen con "solidaridad" en la protección de los derechos de los menores migrantes no acompañados. Según España, estos niños han enfrentado peligros extremos en su travesía por el mar con el fin de buscar un futuro más prometedor.

Durante sus declaraciones, España destacó la reciente convalidación del Real decreto ley, que asegura la colaboración entre las diferentes comunidades en el trato de estos menores, y subrayó que la iniciativa tiene como finalidad principal "proteger el interés del menor de manera solidaria".

"En primer lugar, estamos hablando de derechos humanos y del interés superior del menor, seguido de la cuestión de la solidaridad entre comunidades autónomas", explicó, advirtiendo que no tiene sentido que regiones como Canarias, Ceuta y Melilla enfrenten un colapso en sus centros de acogida, resaltando que "la solidaridad debe ser un esfuerzo conjunto a nivel nacional".

El secretario expresó su satisfacción por la aprobación de esta nueva ley, que fue respaldada a pesar de la oposición de PP y Vox. La normativa no solo promueve la solidaridad y la protección de los derechos humanos de los menores, sino que también establece un "marco financiero" para apoyar a las comunidades autónomas en este importante cometido.

Arcadi España hizo estas afirmaciones en Cáceres, donde se lleva a cabo una reunión de subdelegados del Gobierno y directores Insulares, un evento inédito destinado a revisar las necesidades de estas instituciones para optimizar la atención a la ciudadanía.

Tras ser cuestionado sobre la postura de Extremadura, cuyo grupo parlamentario del PP y Vox ha rechazado una propuesta del PSOE para incrementar las plazas de acogida para menores migrantes, España reiteró que la clave es la "solidaridad".

"No se puede hablar de construir una nación unida sin abordar también este crucial asunto de los menores que llegan solos, son niños y niñas que necesitan ayuda", enfatizó, haciendo hincapié en que todas las comunidades, especialmente aquellas más reacias a participar, deben considerar que están lidiando con situaciones críticas de infantes sin padres y que hay disponibilidad de financiación para su atención.

El secretario concluyó con un fuerte llamado a la acción, señalando que si Canarias, a pesar de su singularidad insular, alberga más de 6.000 menores, no se justifica que otras regiones con mayores recursos se declaren "saturadas" ante un número reducido de acogidas.

Insistió en la necesidad de ampliar la capacidad de acogida en todo el país, subrayando que es imperativo ser solidarios no solo entre nosotros, sino también con aquellos niños y niñas que llegan de otras naciones, huyendo de conflictos y penurias.