En Mérida, el 29 de septiembre, la situación política entre el Gobierno de María Guardiola y la oposición se ha tensado significativamente. La representante de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha declarado que no será viable alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos regionales para el año 2026, y ha criticado abiertamente lo que considera un intento de "chantaje" por parte de la presidenta de la Junta al amenazar con un adelanto electoral si las cuentas no son aprobadas.

Durante su intervención, De Miguel calificó de "inaceptable" la propuesta de Guardiola de modificar el reglamento de la Asamblea para permitir elecciones anticipadas. Según la portavoz, esta acción no solo aumentaría los costos de un proceso electoral, ya que las elecciones municipales están previstas para 2027, sino que representaría un claro intento de manipular el sistema democrático en su favor.

La política extremeña subrayó la preocupación de que un cambio en el reglamento, el cual, según dijo, no debería aprobarse con una mayoría simple, podría ser impulsado junto con el apoyo de Vox. En su opinión, esta estrategia de presión no solo afecta la estabilidad política, sino que también desvía la atención de las verdaderas necesidades de la población.

En sus declaraciones a la prensa, después de una reunión convocada por Guardiola con los diferentes grupos parlamentarios para discutir los presupuestos, De Miguel reiteró que su formación no cederá ante estas maniobras. Enfatizó que los presupuestos deben enfocarse en resolver problemas concretos que afectan a los habitantes de Extremadura, y que en caso de un adelanto electoral, Unidas por Extremadura no se siente amenazada.

De Miguel insistió en que su partido está comprometido a presentar propuestas que aborden cuestiones urgentes como las listas de espera en el sistema sanitario, la mejora de la educación y la necesidad de más recursos para la atención a la dependencia, así como un mayor número de bomberos y agentes encargados de la protección del medio ambiente en la región.

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