El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha valorado la rapidez con la que el Gobierno ha aprobado el real decreto-ley que contempla medidas urgentes para paliar las consecuencias de la sequía en el campo. Sin embargo, ha apuntado que no es posible hacer una valoración en profundidad hasta que se concreten aspectos importantes de estas medidas.

En la rueda de prensa, Ignacio Huertas ha destacado que en este paquete anunciado "el eje central del presupuesto son las ayudas directas" (636 millones de euros), una cuestión que era una de las principales reivindicaciones de la organización. Ha calificado estas ayudas como "eficaces para impedir la desaparición de explotaciones, sobre todo si se actúa con rapidez". Los ganaderos de la región podrán percibir hasta el 100% de las ayudas directas al encontrarse Extremadura entre las zonas más afectadas por la falta de agua.

Aunque, ha criticado que el sector del porcino ibérico extensivo no esté recogido en el real decreto-ley y que los 5 millones de euros anunciados para la apicultura sean "totalmente insuficientes". Considera que "no dan respuesta a la crítica situación que atraviesa". Por ello, se hace necesaria un apoyo adicional por parte de la Administración regional a estos sectores.

Respecto al presupuesto destinado a la agricultura (276,7 millones de euros), que no ha sido aún suficientemente concretado, ha defendido que el primer sector al que deben destinarse "apoyos directos con carácter urgente" sea el de los cereales de secano de invierno. Ignacio Huertas ha solicitado la reunión "cuanto antes" de la Mesa de la Sequía para terminar de perfilar estas cuestiones, así como para aplicar "criterios sociales" a las ayudas y "priorizar a las explotaciones familiares, que son la que tienen más riesgo de desaparecer".

En cuanto a la situación concreta de Extremadura, el secretario general de UPA-UCE ha solicitado a la Administración regional que establezca un presupuesto específico para articular ayudas complementarias a las anunciadas por el Gobierno nacional. Para ello, ha instado a convocar al Consejo Asesor Agrario "con carácter urgente para diseñar estas medidas" con las organizaciones agrarias. En concreto, la organización agraria ha planteado que los perceptores sean los agricultores y ganaderos que cotizan en la Seguridad Social como autónomos agrarios, incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), y que se fije un techo máximo de las ayudas por explotación. Ha concluido recordando que nunca se ha visto que por la sequía hayan desaparecido las grandes explotaciones.