El pleno de la Asamblea de Extremadura se reunió el jueves 11 de septiembre para deliberar sobre una propuesta impulsada por Vox, que solicita a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que desista de establecer un Observatorio de Opinión Pública en la comunidad.

Esta propuesta, que Vox califica como una medida contraria al interés público, fue respaldada por los votos de la formación y del PSOE, mientras que el PP se opuso y Unidas por Extremadura se abstuvo. Vox criticó el proyecto tildándolo de un "chiringuito" que refleja lo que ellos consideran el intento de Guardiola de crear un "CIS extremeño".

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, argumentó que el plan de la Junta es un intento de manipular las encuestas para beneficiarse políticamente. Para él, el observatorio representa un gasto innecesario y desviado de preocupaciones más apremiantes, como la falta de recursos en la lucha contra incendios en la región, que ha sido evidente durante el verano.

Fernández Calle también subrayó que el PP no ha hecho esfuerzos significativos para reducir gastos considerados superfluos y ha continuado promoviendo instituciones que, según él, solo sirven para otorgar empleos a amigos de gobiernos anteriores. Provocativamente, sugirió que la iniciativa de Guardiola podría haber sido firmada por figuras del gobierno central, insinuando que carece de originalidad y honestidad.

En respuesta, el diputado del PP, Pedro Pablo González Merino, defendió la creación del observatorio como un recurso que facilitaría la transparencia y la interacción con las inquietudes de los ciudadanos sobre los servicios públicos. Aseguró que no se crearían nuevas estructuras ni habría gastos adicionales, ya que solo se incorporaría un coordinador con funciones consultivas.

González Merino remarcó que el objetivo del observatorio es realizar estudios sobre las percepciones ciudadanas y mejorar la calidad de las políticas públicas, respondiendo directamente a las críticas de Vox, que interpreta esta iniciativa como un ataque sistemático al gobierno de Guardiola.

Por su parte, el diputado del PSOE, José María Vergeles, rechazó el observatorio, argumentando que socava las competencias del Instituto de Estadística de Extremadura. Criticó la supuesta creación de un puesto diseñado para favorecer el perfil personal de Guardiola y Bautista, sugiriendo que es un intento de manipular la opinión pública desde la estructura gubernamental.

Vergeles acusó al gobierno del PP de discriminar al Instituto Nacional de Estadística y a la Encuesta de Población Activa, insinuando que ahora las empresas públicas sirven solo como una vía para proporcionar empleos a amigos y allegados. Va más allá al calificar la propuesta de Vox como un intento de reproducir un mecanismo de manipulación social, utilizando la comunicación estratégica para promulgar su visión política.

Asimismo, José Antonio González Frutos de Unidas por Extremadura abogó por la necesidad de un instituto de investigación social en la región, aunque refutó la propuesta actual del gobierno, considerándola como un instrumento propagandístico que favorece al partido en el poder. Criticó a Vox por su doble discurso respecto a los "chiringuitos", señalando que la formación también había utilizado estos mecanismos en su beneficio.

Esta dinámica de acusaciones y defensas parlamentarias pone en el centro del debate la gestión administrativa y la búsqueda de representación ciudadana, generando opiniones divididas sobre la creación de instituciones destinadas al análisis de la opinión pública en Extremadura.