El pasado 4 de noviembre en Badajoz, el abogado Emilio Cortés, representante del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado la absolución de David Sánchez en el marco de la investigación sobre su contratación en la Diputación de Badajoz. Cortés argumenta que no se han cometido delitos y ha pedido la anulación de los correos electrónicos que fueron incautados por la Unidad Central Operativa (UCO).

Este pedido fue formalizado en un documento de conclusiones provisionales, en el que se expresa que el caso se encuentra en una etapa previa a la programación del juicio oral.

Durante una reciente intervención en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco, como recogió Europa Press, el abogado argumentó que se deberían desestimar los correos electrónicos como prueba debido a una posible violación de derechos fundamentales. En su defensa, Cortés subrayó la importancia de señalar esta vulneración en las distintas fases del proceso legal, lo que podría facilitar el acceso a instancias superiores, incluyendo el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional.

Cortés también mencionó que, aunque ya se había solicitado la nulidad de estos correos, la Audiencia Provincial de Badajoz determinó que su incautación había sido adecuada y respetuosa con la Constitución. Sin embargo, el abogado considera necesario repetir la demanda, especialmente ante la incertidumbre sobre cuál será el órgano encargado de resolver el caso tras las elecciones en Extremadura programadas para el 21 de diciembre.

El abogado observó que es incierto que la misma sección de la Audiencia de Badajoz se encargue de un asunto que ya ha sido abordado. Además, destacó que en los correos se utiliza el término 'hermanito' por parte de Luis Carrero, un exasesor de Moncloa que también está implicado en la investigación por su posterior contratación en la diputación.

Cortés insistió en que no existe evidencia concluyente en esos correos que pruebe una intención de crear un puesto para Carrero o para David Sánchez, señalando que la realidad documental no respalda esa afirmación.

En cuanto a la solicitud para que 13 testigos declaren, el abogado aclaró que solo uno de ellos es nuevo, mientras que los otros ya habían brindado su testimonio durante la instrucción del caso. Este testigo es un técnico del área de Cultura de la diputación, responsable de gestionar proyectos musicales en la región del Alentejo en Portugal.

La acusación popular también incluye a este técnico entre sus testigos, lo cual, según Cortés, indica que esta propuesta no es original de su parte.

Respecto a la programación del juicio, el abogado recordó que aún no se ha fijado una fecha, y que están esperando que una defensa presente su escrito de conclusiones antes del jueves. Una vez que esto ocurra, el Juzgado de Instrucción número 3 dejará de tener competencias en el caso y lo remitirá a la Audiencia Provincial de Badajoz.

Cortés concluyó advirtiendo que, a excepción de los eventos derivados de las próximas elecciones en Extremadura o de cualquier incidente procesal que pueda surgir, como una posible recusación, la situación actual del caso podría cambiar rápidamente.