En un reciente anuncio que subraya el compromiso del Gobierno de Extremadura con la seguridad laboral, la Junta de Extremadura ha establecido este jueves 28 de noviembre un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, así como con la Creex. Este pacto da vida al IX Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales en la comunidad 2024-2027, que contará con un ambicioso presupuesto de 6,45 millones de euros, lo que representa un incremento de 4,4 millones respecto al plan previo.

Cada año, el nuevo plan destinará 1.613.402 euros a diversas iniciativas, lo que significa un aumento de 1,1 millones en comparación con las asignaciones del plan anterior, como bien ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, tras la formalización del acuerdo.

Este enfoque refleja el “compromiso” del Gobierno liderado por María Guardiola con la concertación social, estableciéndose como un "mecanismo de trabajo habitual". El consejero Bautista enfatizó que este plan es el producto de una “escucha permanente” y de políticas “a pie de calle”, que buscan atender las necesidades reales de los trabajadores extremeños.

Entre los principales objetivos del plan, se encuentra asegurar que los lugares de trabajo en Extremadura sean "seguros", elevar el nivel de salud de los empleados, reducir la siniestralidad laboral y aumentar la concienciación social en torno a la seguridad y salud ocupacional.

Una de las innovaciones más destacadas es la inclusión de los trabajadores autónomos, quienes recibirán iniciativas de sensibilización, prevención y acceso a información relevante. Además, se dará atención a los trabajadores transnacionales, principalmente a aquellos provenientes de Portugal, así como a los trabajadores temporales del campo, que, según Bautista, son cruciales para mantener la competitividad de la región.

Asimismo, el plan contempla la implementación de medidas preventivas en relación con el amianto, a través de una nueva línea de ayuda pública destinada a empresas que realicen retiradas seguras del material en sus instalaciones, con un presupuesto anual de 350.000 euros.

Otra acción significativa es la creación de una plataforma digital que permitirá el registro de censos de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto, para lo cual se destinarán 200.000 euros.

El plan también contempla un aumento sustancial en las ayudas a empresas que trabajen en mejorar las condiciones preventivas, pasando de 140.000 euros en 2023 a 264.000 euros en 2024 y posteriormente.

Además, se implementará un control más riguroso de las medidas correctoras aplicadas tras accidentes laborales, dado que, según Bautista, es esencial verificar que se han adoptado las acciones necesarias para prevenir la repetición de estos incidentes.

El plan también busca potenciar la formación especializada en prevención de riesgos laborales para los delegados de prevención de las organizaciones empresariales y sindicales a través de la creación de una cátedra de prevención en la Universidad de Extremadura, con una dotación de 25.000 euros.

Por último, se instaurará el "Sello de movilidad segura", que tiene como objetivo concienciar y minimizar los accidentes de tráfico en el contexto laboral.

El consejero concluyó reafirmando que “desde Extremadura mostramos una tierra comprometida con la seguridad y salud de los trabajadores y el fomento empresarial”.

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