La Diputación de Cáceres ha lanzado una nueva iniciativa: la Oficina de Disciplina Urbanística, destinada a brindar apoyo a los municipios de la provincia en la gestión de expedientes relacionados con la normativa urbanística. Esta medida responde a la creciente dificultad que enfrentan los ayuntamientos, que a menudo carecen de los recursos nunca suficientes para manejar estos temas complejos. A partir de ahora, podrán delegar competencias, permitiendo que sea la Diputación la que asuma la responsabilidad en estas cuestiones.

El servicio que ofrecerá la Oficina no tendrá ningún costo para los ayuntamientos, quienes recibirán asesoría jurídica integral sobre los procesos de disciplina urbanística que se inicien después del 30 de junio de 2024, fecha fijada para el inicio de la resolución de estos expedientes.

Isabel Ruiz Correyero, vicepresidenta Segunda de Hacienda y Administración General, destacó que este servicio pretende abordar uno de los problemas más significativos que enfrentan los municipios. La diputada presentó la iniciativa junto a Javier Prieto, diputado delegado de Asistencia a Entidades Locales, enfatizando el compromiso de la Diputación para ofrecer soluciones efectivas.

Para implementar esta Oficina, la Diputación ha creado un equipo de trabajo compuesto por siete profesionales, cuya misión será proporcionar asesoramiento y gestionar expedientes relacionados con la disciplina urbanística. Ruiz Correyero aseguró que esta demanda por parte de los municipios ha sido ampliamente reconocida y que el servicio ofrecerá un respaldo jurídico completo, incluyendo peritaciones e informes, sin coste alguno para las administraciones locales.

La vicepresidenta resaltó la importancia de esta iniciativa, señalando que busca aliviar la carga de trabajo de los pequeños ayuntamientos, facilitando la solución de problemas urbanísticos que a menudo conllevan altos costes y complicaciones administrativas. Para acceder a este servicio, los ayuntamientos deberán aprobar la delegación de competencias en una sesión plenaria, formalizándose mediante un convenio con la Diputación Provincial.

Es importante destacar que, aunque no habrá costo directo para los ayuntamientos, la Diputación recaudaría el 100% de las multas generadas a través de denuncias coercitivas, distribuyendo los ingresos de esta manera: 60% para la Diputación y 40% para el ayuntamiento involucrado, aunque la institución provincial se quedaría con el total de las costas procesales.

Javier Prieto, por su parte, explicó que se buscará asegurar la correcta aplicación de la legalidad urbanística, que es competencia de los ayuntamientos, siguiendo las pautas establecidas en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS). En etapas iniciales, el enfoque estará en restaurar la legalidad y tomar las medidas necesarias ante cualquier incumplimiento de la normativa urbanística.

Posteriormente, se procederá a la inspección para garantizar que las construcciones se realicen conforme a las licencias otorgadas, y se implementarán procedimientos sancionadores en caso de infracciones. En determinadas circunstancias, se facilitará el proceso de legalización para irregularidades constatadas.

Los ayuntamientos que deleguen estas competencias deberán informar al Servicio de Disciplina Urbanística sobre las irregularidades detectadas, las cuales pueden ser resultado de inspecciones de oficio, denuncias de ciudadanos o reportes del Seprona. Con esta información, el servicio se encargará de gestionar y resolver los expedientes junto con las Oficinas Técnicas de Gestión Urbanística.

Ruiz Correyero enfatizó el impacto positivo que esta oficina tendrá en los municipios, proporcionando no solo asistencia jurídica, sino también aliviando la carga de responsabilidades para los alcaldes, lo que fomentará un ambiente más amable en las comunidades locales. “Estos problemas a menudo generan una gran presión sobre los líderes municipales, y es nuestra intención ayudarles a manejar estas situaciones complicadas”, concluyó la vicepresidenta.