Un caso alarmante de destrucción del patrimonio histórico ha salido a la luz en la provincia de Cáceres, donde un grupo de siete individuos está siendo investigado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Se les acusa de provocar “daños agravados” en un valioso yacimiento arqueológico, cuyos daños han sido estimados en más de seis millones de euros.
La investigación comenzó en febrero de 2025 tras una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Cáceres, que solicitó la intervención del Seprona para investigar las actividades en una zona protegida. Estas actividades se realizaban en propiedad privada en el municipio de Casas de Don Antonio y consistían en trabajos de desmonte y acondicionamiento del terreno que se encontraban en zona de servidumbre arqueológica.
Este área es adyacente a la Vía de la Plata, un camino histórico catalogado como Bien de Interés Cultural. La alarma se encendió cuando un funcionario del Medio Natural de la Junta de Extremadura comunicó la situación, lo que llevó a la presencia inmediata de los agentes del Seprona en el lugar para realizar una inspección.
Durante la inspección, los agentes confirmaron que se habían llevado a cabo movimientos de tierra significativos utilizando maquinaria pesada, actividades que incluían la apertura de zanjas profundas. Estos trabajos estaban aparentemente destinados a convertir el terreno para el cultivo de olivos en un sistema intensivo, un hecho que ha generado preocupación sobre la preservación del patrimonio arqueológico.
Las excavaciones realizadas han dejado al descubierto una amplia variedad de restos arqueológicos, incluyendo fragmentos de cerámica, elementos de molinos, y materiales de construcción, indicando una rica historia cultural en la zona. Sin embargo, gran parte de estos objetos estaban descontextualizados debido a la acción de la maquinaria, lo que ha llevado a la Guardia Civil a alertar sobre la magnitud de los daños causados.
La intervención también afectó a la estructura natural del arroyo local, que vio alterado su curso, lo que ha suscitado aún más preocupaciones medioambientales y sobre la integridad de la zona de dominio público, afectando a más de 500 metros del mismo.
Un informe elaborado por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura ha corroborado los daños y ha señalado que las obras no contaron con la supervisión arqueológica necesaria, ni con los permisos correspondientes. Así, los hallazgos no fueron comunicados adecuadamente, lo que derivó en una pérdida irreversible de información histórica.
Como consecuencia de estas acciones, las obras han sido detenidas por orden de la autoridad competente. La Guardia Civil ha señalado que hay pruebas suficientes para investigar a los siete implicados por delitos graves que ponen en peligro el patrimonio histórico, en lo que se considera un caso de imprudencia grave.
La documentación recabada durante la investigación ya ha sido enviada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cáceres, donde se determinará el rumbo de esta preocupante situación.
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