En una clara demostración de compromiso con el desarrollo local, la Diputación de Badajoz ha decidido ofrecer su apoyo a los municipios de la provincia en la tramitación de solicitudes para el Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea), conocido anteriormente como Aepsa. Esta iniciativa busca revitalizar la economía rural a través de proyectos que generen empleo y mejoren la calidad de vida en las comunidades.

Durante el año 2025, un total de 45 propuestas han sido evaluadas, lo que permitirá a varios ayuntamientos acceder a estas ayudas, las cuales se enfocan en financiar obras y servicios de importancia social y general. En total, estas iniciativas representan una inversión que supera los 5,7 millones de euros, con un costo promedio de 127.817,86 euros por proyecto.

El Servicio de Proyectos y Obras de la diputación ha tenido un papel destacado, gestionando el 56% de las memorias valoradas. Por su parte, el Servicio de Infraestructuras ha colaborado en un 24%, mientras que el Servicio de Vivienda ha asumido el 20% restante de las tareas. Esta efectiva distribución del trabajo demuestra la organización y la capacidad de la institución para responder a las necesidades de los municipios.

En el ejercicio anterior, correspondiente a 2024, la diputación también se mostró activa al gestionar 41 memorias valoradas con fondos propios, donde el Servicio de Proyectos y Obras desempeñó casi el 60% de las gestiones, apoyado por Infraestructuras y Urbanismo. Este esfuerzo continuo refleja una tendencia de crecimiento en la atención a las solicitudes municipales.

La Junta de Extremadura, en su tradición de fomentar el empleo agrario, publica anualmente entre mayo y junio un decreto que regula estas ayudas, dirigidas a las entidades locales. Estos fondos son cruciales para cubrir los gastos laborales asociados a la contratación de personas desempleadas, en especial aquellas que pertenecen al Sistema Especial para Trabajadores Agrarios, creando oportunidades en áreas estratégicas.

Es fundamental que todas las obras propuestas se encuentren respaldadas por una memoria técnica que haya sido aprobada por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). En este sentido, los ayuntamientos dependen de la Diputación para elaborar los documentos necesarios, un requisito esencial para acceder a las subvenciones disponibles.

Ante la creciente demanda, la entidad provincial ha respondido ofreciendo asistencia técnica especializada. Personal calificado de los servicios implicados se encarga de desarrollar la documentación técnica que cada municipio necesita, asegurando así que se cumplan los estándares requeridos.

Además de su impacto directo en el empleo y la economía, estos proyectos también contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en particular al ODS 11, que aboga por Ciudades y Comunidades Sostenibles, y al ODS 17, que se centra en las Alianzas para alcanzar estos objetivos.

La colaboración y la coordinación entre las distintas administraciones, ya sean nacionales, regionales o locales, es esencial en la lucha contra la despoblación que afecta a muchas zonas rurales. Solo a través de esfuerzos conjuntos se pueden mejorar las infraestructuras públicas y garantizar un futuro sostenible para el entorno rural.