En una reciente reunión celebrada el 2 de septiembre, el Consejo de Ministros ha decidido dar luz verde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para poner en marcha un ambicioso proyecto de conservación de carreteras en las provincias de Cáceres y Badajoz. Estas obras, que suman un total de 39,1 millones de euros (sin incluir IVA), están destinadas a mejorar la red vial del Estado.

El contrato para Cáceres se extiende por un periodo de tres años, con la opción de prorrogarse por dos años y una extensión adicional de hasta nueve meses. Esto no solo garantizará un mantenimiento efectivo, sino que también impulsará iniciativas hacia la eficiencia energética y la reducción de emisiones, promoviendo una circulación segura y accesible para todos los ciudadanos.

Entre las acciones a realizar se incluyen labores de vigilancia de accidentes, mantenimiento en épocas invernales, control de túneles y la atención a diversas instalaciones a lo largo de 214,602 kilómetros de carreteras, 45,527 de los cuales son autovías. En particular, la Autovía A-58 y la Carretera N-521 son algunas de las vías que se beneficiarán de estas mejoras.

Por su parte, el contrato que afectará a la provincia de Badajoz tiene una duración similar, de tres años, y también podrá extenderse por dos años y posteriormente por otros nueve meses. Este proyecto permitirá mantener y conservar 208,502 kilómetros de carreteras, incluyendo tramos relevantes como la N-432 y N-435, asegurando que la infraestructura cumpla con los estándares de calidad adecuados.

Ambos contratos no solo se centran en el mantenimiento físico de las carreteras, sino que también incorporan criterios orientados hacia la mitigación del impacto ambiental. Las empresas adjudicatarias deberán calcular y presentar la huella de carbono generada durante la ejecución de los contratos, contribuyendo a un objetivo mayor de reducción de 71.640 toneladas de CO2 al año.

Desde 2022, se han implementado medidas de ahorro energético, tales como el uso de sistemas renovables y vehículos eléctricos en las operaciones. Además, a partir de 2023, se exigirá a las contratistas que presenten un plan de descarbonización durante el primer semestre del contrato, buscando un balance neutro de carbono en un plazo de cinco años.

Este enfoque se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que promueven el desarrollo de infraestructuras duraderas y sostenibles, a la vez que se respeta la calidad del medio ambiente. Combinar los contratos de trabajo en servicios y obras permitirá ofrecer un servicio más integral y eficiente a los usuarios.

En última instancia, el objetivo es asegurar que las carreteras en estas regiones se mantengan en óptimas condiciones, garantizando la seguridad y la eficiencia en el transporte, al tiempo que se contribuye a una estrategia ambiental más amplia, mostrando un claro compromiso con el bienestar de las comunidades y sostenibilidad a largo plazo.