Extremadura aprueba 19,5 millones en ayudas para cereza, apicultura y cereal tras adversidades
La Junta aprueba 19,5 millones en ayudas por lluvias en la cereza y por costes de insumos en apicultura y cereal, con 13,7 millones propios.
El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobado un decreto-ley que regula dos ayudas extraordinarias por un importe total de 19.587.335 euros. Una parte se destina a explotaciones cerezas afectadas por adversidades climáticas entre el 8 y el 13 de mayo de 2026, y otra a explotaciones apícolas y cerealistas perjudicadas por el aumento de costes derivado de la crisis en Oriente Próximo.
La cantidad se reparte de forma desigual entre ambas líneas. Dos millones de euros corresponden a la ayuda para la cereza y proceden íntegramente de fondos propios de la comunidad autónoma. Los 17 millones restantes, destinados a cereal y apicultura, se financian con 5.860.000 euros de la asignación europea para Extremadura y con 11.720.000 euros de recursos regionales. En conjunto, el Gobierno autonómico aporta 13.720.000 euros, lo que supone la mayor parte del gasto.
El anuncio fue detallado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, en una comparecencia posterior a la reunión del Consejo. El Ejecutivo regional justifica la medida por dos factores: la coyuntura económica internacional, que ha encarecido insumos básicos, y los fenómenos meteorológicos extremos que han afectado a las producciones de la región en primavera.
Detrás de la decisión subyace una lectura política sobre el papel del sector primario en Extremadura. El Gobierno autonómico sitúa la agricultura como pilar de la economía regional y como motor de la actividad en los núcleos rurales, además de factor clave para frenar la despoblación. Asumir con fondos propios una parte tan considerable del gasto evidencia la voluntad de no depender exclusivamente de los mecanismos comunitarios, cuya tramitación suele ser más lenta.
Las implicaciones son relevantes tanto para los productores como para la gestión presupuestaria. Para las explotaciones afectadas, la ayuda supone un alivio inmediato frente a pérdidas de cosecha y sobrecostes de producción. Para las arcas autonómicas, el compromiso de casi catorce millones de recursos propios obliga a valorar su impacto en otras partidas durante el ejercicio.
Queda por ver cómo se articula la concesión efectiva de las ayudas, los plazos de pago y el número de beneficiarios finales. La evolución de los costes energéticos y de los insumos agrarios en los próximos meses determinará si estas medidas extraordinarias resultan suficientes o si el sector reclamará nuevas actuaciones para sostener su competitividad.