En la ciudad de Mérida, el 21 de octubre, se llevó a cabo una importante reunión relacionada con el futuro de las políticas de financiación de la Unión Europea. En este encuentro, Rosa Ramos, directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, junto a Pablo Hurtado, director general de Acción Exterior, se unieron a la delegación española del Comité Europeo de las Regiones en Santiago de Compostela.

La delegación, compuesta por representantes de comunidades autónomas y entidades locales, ha manifestado una posición unánime de rechazo ante la reciente propuesta de la Comisión Europea referente al nuevo Marco Financiero Plurianual que abarca el periodo 2028-2034. Este acuerdo refleja la preocupación de las regiones españolas ante el impacto que esta propuesta podría tener sobre sus capacidades de planificación y financiación.

Entre los puntos críticos abordados, se encuentra la creación de planes de colaboración nacional y regional. Esta metodología, que agrupó recursos limitados de todo el Estado miembro en un solo plan, plantea un dilema complicado en términos de asignación de recursos. Se teme que tal centralización comprometa el consenso necesario para la eficacia de los planes, lo que según el Gobierno de Extremadura, podría tener consecuencias negativas.

Desde una perspectiva organizativa, la propuesta de la Comisión Europea podría, según los críticos, debilitar el papel de las comunidades autónomas en el proceso de toma de decisiones. Este ajuste a una estrategia más centralizada no solo merma la transparencia en la distribución de recursos, sino que también podría amenazar principios fundamentales de cohesión en la Unión Europea.

Debido a las implicaciones de esta propuesta, el Comité Europeo de las Regiones ha reiterado su llamado, haciendo hincapié en la necesidad de revisar considerar alternativamente los planes de colaboración nacional y regional. Además, se ha instado al Gobierno español a abogar por esta cuestión en el Consejo, defendiendo los intereses y capacidades de las comunidades autónomas.

Rosa Ramos expresó su preocupación, resaltando que el nuevo marco representa un cambio radical en la política de cohesión europea al consolidar diversos fondos europeos en un único fondo. Este nuevo enfoque podría limitar seriamente la autonomía de las regiones para establecer prioridades y gestionar sus inversiones de manera efectiva.

La directora Ramos destacó que las comunidades autónomas poseen la experiencia y el conocimiento territorial necesarios para garantizar que los fondos se utilicen de manera óptima y efectiva para el desarrollo regional. En este sentido, enfatizó que el nuevo marco debe garantizar que haya suficientes recursos destinados a asegurar una convergencia económica y social justa en toda la Unión Europea.

Asimismo, Ramos pidió que se formalizara en los reglamentos la gobernanza multinivel para asegurar que las comunidades autónomas puedan participar de manera efectiva. Destacó la necesidad de que se respete la estructura de la Política Agrícola Común (PAC), manteniendo un presupuesto adecuado y una clara prioridad para el sector agrario.

En relación al desarrollo rural, la directora destacó la importancia de preservar un enfoque específico que favorezca inversiones en áreas rurales, evitando así que se vean eclipsadas por prioridades urbanas. Esto es especialmente relevante para Extremadura, que enfrenta retos significativos como la despoblación.

Ramos concluyó apelando a la defensa de las comunidades autónomas por parte del Estado español ante la Unión Europea, reconociendo su papel crítico en la gestión y asignación de fondos, así como en la implementación de reformas necesarias. Un enfoque que podría ayudar a que la política de cohesión cumpla con sus objetivos de desarrollo regional.