En una reciente declaración en Badajoz, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, ha instado al Gobierno de España a acelerar la licitación de los proyectos de infraestructura pendientes. Este llamado surge a raíz de la visita que el presidente Pedro Sánchez hizo a las obras de la prolongación de la A-58, que unirá Trujillo, Cáceres y Badajoz.

Castizo subrayó la necesidad de incrementar el ritmo de trabajo, sugiriendo que, de ser necesario, se refuercen los recursos con más maquinaria. Hizo hincapié en que la conexión de Cáceres y Badajoz se desarrolla en ocho tramos, de los cuales uno ya está en obras en la zona que va de Cáceres al río Ayuela. Sin embargo, lamentó que hay un tramo entre Badajoz y Bótoa de 14 kilómetros que no ha sido siquiera licitado.

A pesar de que uno de los tramos se encuentra en desarrollo, el consejero advirtió que, con el actual ritmo de licitaciones y redacción de proyectos, podría pasar un tiempo considerable hasta que la tan esperada autovía esté completada. Resaltó que son pocas las capitales de provincia en España que aún no están unidas por una vía de este tipo, lo que calificó como un verdadero 'bochorno' para la comunidad extremeña.

Al ser cuestionado por los medios sobre la visita de Sánchez, Castizo manifestó su descontento por la falta de invitación para el gobierno regional, especialmente porque el ministro de Transporte había criticado recientemente la ausencia de autoridades locales en un evento similar en Aragón. “Era la oportunidad perfecta para corregir ese desliz", subrayó.

El consejero también expresó su preocupación de que la visita del presidente solo sea una estrategia mediática para captar atención, sin abordar los problemas de infraestructura que enfrenta Extremadura. Subrayó que la anunciada licitación para el tramo entre Badajoz y Bótoa, cuyo proyecto fue revelado a principios de año, sigue sin materializarse a octubre.

Castizo realizó estas declaraciones durante su participación en el foro 'La Mirada Económica' en Badajoz, un evento centrado en temas de vivienda y urbanismo organizado por el Diario HOY. Durante su intervención, destacó un dato relevante: desde la llegada de María Guardiola a la presidencia de la Junta de Extremadura, se han calificado 1.331 viviendas protegidas en la región.

“Este número es considerable y refleja el compromiso de nuestro gobierno con el acceso a la vivienda protegida”, apuntó, defendiendo que esta cifra es un testimonio del trabajo realizado tanto desde el sector público como privado. Comparó esta cifra con el escaso avance de la legislatura anterior, donde solo se construyeron 22 viviendas sociales.

Con la mirada fija en el futuro, el consejero destacó que su departamento está en proceso de implementar el Plan Habita, que prevé la construcción de más de 3.000 viviendas. En este sentido, afirmó que son más de 50 los municipios que han mostrado interés en colaborar, ofreciendo terrenos para edificar estas viviendas protegidas.

Según Castizo, se trata de una colaboración con entidades financieras, cimentada en un protocolo recientemente firmado para asegurar la financiación necesaria para el desarrollo de estos proyectos, lo que señala un avance significativo en la política de vivienda de la Junta.