En un reciente anuncio realizado en Mérida, las consejerías de Economía, Empleo y Transformación Digital, así como Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, han dado a conocer el desarrollo de un nuevo censo preliminar para identificar la presencia de amianto en la comunidad de Extremadura.

Este censo se implementará a través de un mapa interactivo, el cual será accesible de manera gratuita para todos los gobiernos locales, facilitando así la identificación de amianto en edificios tanto públicos como privados.

La Junta de Extremadura ha subrayado que, aunque el uso del amianto en la construcción fue prohibido en el año 2002 por sus efectos adversos en la salud y el medio ambiente, este material sigue presente en diversas construcciones. La directora general de Trabajo, Pilar Bueno, enfatizó la necesidad de llevar a cabo un control riguroso y asegurar la retirada adecuada del amianto existente.

Siguiendo las directrices de la Comisión Europea, España ha adoptado mediante la Ley 7/2022 la obligación de que los municipios elaboren censos de amianto. Este censo deberá incluir la localización de estos materiales y establecer un plan para su retirada, priorizando aquellos casos donde la exposición resulte más peligrosa, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

El mapa, que se realizará a partir de imágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, será elaborado por el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, logrando una fiabilidad inicial del 70 por ciento en la información recopilada.

Simultáneamente, se desarrollará una plataforma digital que permitirá a los ayuntamientos registrar sus propios censos dentro del marco del IX Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2024-2027. Esta herramienta será especialmente útil para los municipios con menos recursos técnicos, ya que facilitará la verificación y enriquecimiento de los datos mediante inspecciones.

Además, la Junta planea lanzar campañas de concienciación para informar a la ciudadanía sobre los peligros asociados al amianto y promover la colaboración en su detección. De manera complementaria, se ha establecido un programa de ayudas que cubrirán hasta el 85 por ciento de los costes relacionados con la retirada del amianto en centros laborales, con un tope de 20.000 euros por empresa.

Con estas acciones, la administración regional reitera su compromiso con la salud pública y la sostenibilidad ambiental, además de ofrecer apoyo a las administraciones locales en la gestión segura del amianto, según palabras de Pilar Bueno.

El objetivo central de este censo es determinar la cantidad de amianto que es necesario retirar en la región, calcular los costes asociados a dicha operación y organizar vertederos específicos para el depósito de los residuos de amianto, tal como lo explicó Germán Puebla, director general de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

Una vez que los ayuntamientos completen el censo, este será enviado a la dirección general de Evaluación Ambiental del Miteco, que lo remitirá a la Comisión Europea para evaluar las necesidades de financiamiento necesarias para la retirada del amianto.

Con ello, la Junta de Extremadura se alinea con los municipios para proporcionar apoyo financiero en el proceso de retirada de amianto, un tema que, aunque es competencia municipal, contará con un apoyo parcial de los fondos europeos, de acuerdo con Germán Puebla.