MÉRIDA, 16 de septiembre.

La Junta de Extremadura ha decidido impugnar la resolución emitida por un tribunal de Mérida, que ha desestimado la petición de medidas cautelares para que algunas empresas de transporte escolar reanuden sus servicios en diversas rutas. Este recurso está relacionado con una denuncia penal por un presunto incumplimiento de un acuerdo marco firmado con el sector en 2024.

La portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, hizo este anuncio durante una rueda de prensa, donde también informó que el Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda destinada a las familias de los alumnos afectados por la falta de servicios de transporte escolar. Esta compensación será de 0,26 euros por kilómetro, buscando aliviar el gasto de los padres que deben recurrir a otros medios para llevar a sus hijos a la escuela.

Las ayudas se otorgarán de forma directa y permanecerán vigentes hasta que se restablezca el servicio de transporte escolar en su totalidad. Para acceder a esta asistencia, las familias deben demostrar que son beneficiarias del transporte escolar y será válida durante dos recorridos por día escolar, es decir, uno de ida y otro de vuelta entre el hogar y la escuela.

Desde el 11 de septiembre y hasta el 19, el único requisito para recibir esta ayuda es ser beneficiario del transporte escolar. A partir del 22 de septiembre, se verificará automáticamente que los alumnos asistan al centro educativo, según explicó la portavoz.

Durante su comparecencia, Manzano defendió la postura del Gobierno autonómico en cuanto a la crisis actual del transporte escolar, destacando que en las conversaciones con las empresas, la Junta ha aceptado todas las demandas que estaban dentro de la legalidad para garantizar la cobertura de las rutas afectadas.

No obstante, la portavoz señaló que cada exigencia aceptada por la Junta se ha visto seguida de nuevas demandas, algunas de las cuales, según su opinión, son de imposible cumplimiento. Destacó que algunas empresas piden despojar a otras de rutas que ya han sido adjudicadas legítimamente.

“Algunos llegan a creer que esas rutas les pertenecen y exigen que se les devuelvan, a pesar de que no participaron en el proceso de licitación”, comentó Manzano. Ante esta situación, la Consejería de Educación ha explorado opciones con otras empresas del país para garantizar el servicio.

“Hemos cumplido con todas las peticiones siempre que estén dentro del marco legal. Esto no es cuestión de financiación, sino de cumplir con la ley”, subrayó la portavoz, quien hizo una clara distinción entre “responsabilidad” y “culpabilidad” en el contexto actual.

“No somos responsables de esta situación... Hemos validado todas las solicitudes que eran legales. No podemos incumplir la ley ni los procedimientos establecidos”, reiteró Manzano.

Finalmente, enfatizó que la Junta continuará defendiendo “siempre” el derecho a la educación y la implementación de un servicio “esencial”, utilizando todos los recursos judiciales y administrativos a su disposición.

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