En Mérida, a 6 de octubre, la Junta de Extremadura ha decidido manifestar su postura sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de Sostenibilidad Financiera presentado por el Gobierno central. Esta iniciativa ha suscitado el descontento en el ámbito regional, lo que ha llevado a las autoridades autonómicas a presentar nuevas alegaciones.

Es importante señalar que en junio pasado, se realizaron alegaciones durante la fase de consulta previa al desarrollo del mencionado Anteproyecto. Sin embargo, estas voces no fueron tomadas en cuenta, lo que ha motivado a la junta a reiterar su oposición este viernes, ofreciendo una versión más elaborada y fundamentada de sus preocupaciones.

La administración de Extremadura ha indicado que el actual proyecto carece del consenso necesario entre las comunidades autónomas, un hecho evidenciado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en febrero, donde los responsables de Hacienda de los territorios gobernados por el Partido Popular manifestaron su desacuerdo con la propuesta.

Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública, ha calificado de engañosa la denominación de "condonación" que utiliza el Estado, argumentando que la deuda simplemente se transfiere de una administración a otra, sin desaparecer realmente.

Además, Manzano ha hecho hincapié en que este tipo de decisiones son arbitrarias y discriminatorias, señalando que no se ha tomado en consideración a territorios como Ceuta y Melilla. También ha criticado la falta de competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar cuestiones que deberían ser reguladas a través de una Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales.

El anteproyecto, según la Junta, podría contradecir principios fundamentales de igualdad y justicia, y provocar serias disfunciones en las finanzas públicas. Por ello, en lugar de aceptar una "condonación" que consideran ficticia, la Junta aboga por la creación de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas, modificando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El objetivo de estas modificaciones sería garantizar la autonomía y la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, siempre con el respaldo de un consenso alcanzado en órganos multilaterales como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por último, el Gobierno regional también se muestra favorable a la reestructuración de la deuda, un proceso que Extremadura ya ha iniciado este año y que ha permitido a la región ahorrar 20 millones de euros, fondos que se están destinando a áreas esenciales como la educación, la sanidad y el fortalecimiento de los servicios públicos.