En una reciente sesión celebrada en la Asamblea de Extremadura el 8 de julio, los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura no lograron conseguir la aprobación de un informe de conclusiones que proponían de manera conjunta en relación a la financiación autonómica. La falta de apoyo por parte del PP y Vox resultó en un nuevo estancamiento del proceso, que ya había fracasado en una sesión previa el 10 de junio, cuando ninguna de las propuestas individuales de los diferentes grupos obtuvo el respaldo necesario.

José Manuel García Ballestero, presidente de la comisión y representante del PP, anunció que las actas correspondientes serán presentadas a la Mesa de la Asamblea, confirmando que la falta de consenso impedirá concluir la comisión. Sin embargo, el diputado agradeció la labor de los miembros que participaron en la iniciativa.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, defendió en el texto conjunto la necesidad de alcanzar un acuerdo político que permita a la comunidad «presentarse con fuerza» en futuras negociaciones sobre financiamiento. Afirmó que un Extremadura fortalecido beneficia no solo a la región, sino también al país en su conjunto.

Dentro de su propuesta, De Miguel destacó conceptos como la «corresponsabilidad fiscal» y la importancia de negociar de manera multilateral, rechazando cualquier modelo de financiación que no cumpla con los principios de igualdad y solidaridad. En este sentido, subrayó la importancia de una postura fiscal coherente, advirtiendo que no se puede esperar que el Estado asuma todas las responsabilidades, especialmente cuando se favorece a los ciudadanos más adinerados con recortes tributarios.

El diputado del PSOE, Jorge Amado, también insistió en la relación entre la financiación y la fiscalidad, argumentando que el documento presentado era fundamental para buscar una financiación más justa y sostenible para Extremadura. Rechazó cualquier intento de aislamiento partidista y abogó por una revisión del sistema de financiación que refleje la verdadera población de la comunidad.

Amado pronosticó que la participación de Vox complica cualquier posibilidad de consenso sobre la financiación autonómica, sugiriendo que esta formación está más interesada en socavar el modelo autonómico que en trabajar por el bienestar de la región. También expresó su decepción con la postura del PP, sobre la que había tenido esperanzas de alcanzar un acuerdo, enfatizando que la falta de consenso sería una pérdida significativa para Extremadura.

Desde la perspectiva del PP, Hipólito Pacheco acusó al PSOE de intentar romper el consenso logrado el año anterior sobre financiación, calificando esta actitud como desleal. Sostuvo que el partido popular continúa comprometido con defender los intereses de Extremadura, en contraste con lo que considera un enfoque desviado de los partidos de la oposición.

Pacheco también separó claramente el enfoque fiscal del financiero, argumentando que aunque es fundamental asegurar una recaudación adecuada para la prestación de servicios, no se deben imponer cargas excesivas a los ciudadanos o empresas. Hizo hincapié en que no se van a modificar las políticas fiscales que han mostrado resultados positivos en la región.

Por su parte, el diputado de Vox, Javier Bravo Arrobas, aunque crítico del sistema de financiación actual, planteó la necesidad de una visión más amplia y nacional en cuanto a los servicios públicos, defendiendo que todos los ciudadanos deben tener igualdad de derechos y obligaciones. A pesar de estos puntos en común, la formación mantiene una posición muy definida en cuanto a la necesidad de repensar el enfoque sobre las competencias autonómicas y sus interrelaciones con el Gobierno central.