En Mérida, la situación escolar ha alcanzado un punto crítico debido al conflicto entre la Junta de Extremadura y las empresas de transporte, que ha dejado a cerca de 5.000 estudiantes sin acceso al autobús escolar durante cuatro días consecutivos.

Desde el inicio del curso escolar el pasado jueves, un total de 223 rutas de transporte han quedado sin adjudicar, lo que ha tenido un impacto directo en la educación de muchos alumnos, especialmente aquellos que residen en zonas rurales y en centros de educación especial, según informan fuentes sindicales.

Ante esta circunstancia, numerosos padres se han visto obligados a trasladar a sus hijos en sus propios vehículos, organizándose para compartir el transporte entre varias familias y así facilitar el acceso a la escuela.

Para cubrir el vacío dejado por el servicio de transporte, algunos padres recibieron el lunes un mensaje a través de la plataforma Rayuela, donde se les informaba sobre la activación de una "enseñanza híbrida", que contempla clases tanto presenciales como online, hasta que se resuelva la problemática del transporte escolar.

Hasta ahora, las conversaciones entre la Junta de Extremadura y las empresas de transporte no han logrado un avance significativo, y la reunión más reciente celebrada el lunes culminó sin ningún tipo de acuerdo.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, expresó su descontento respecto a la falta de disposición para llegar a un acuerdo por parte de las empresas, a las que acusa de "bloquear" la situación con demandas que el gobierno regional estaría dispuesto a cumplir, siempre que se actúe dentro de los márgenes de la legalidad.

Vaquera indicó que el gobierno ha hecho uso de todas las herramientas administrativas y judiciales disponibles para asegurar un servicio esencial como es el transporte escolar. Además, anunció que las empresas involucradas podrían enfrentar sanciones que aún están por definir.

A raíz de esta situación, Vaquera hizo un llamado a las empresas que están dispuestas a firmar el acuerdo, instándolas a ser conscientes del malestar que esto provoca en las familias y a continuar ofreciendo un servicio que es crucial para el ámbito rural. Aclamó que no se trata de un mero pulso administrativo, sino de salvaguardar derechos fundamentales como el acceso a la educación.

Finalmente, la consejera anunció que este martes se presentará una propuesta en el Consejo de Gobierno para implementar una ayuda económica de 0,26 euros por kilómetro para cada alumno afectado, con el objetivo de mitigar las dificultades económicas que los padres están enfrentando en esta situación.