En un importante golpe contra la delincuencia, la Guardia Civil ha logrado desarticular una red delictiva especializada en el robo de cableado del alumbrado público. Esta operación tuvo lugar en diversas localidades de las provincias de Badajoz y Cáceres, donde el fenómeno del robo de cables se había vuelto alarmante.

Dentro de la operación conocida como 'Kafas', se han arrestado a nueve individuos originarios de Don Benito y Villanueva de la Serena. Estos delincuentes están implicados en un total de 41 delitos de robo y hurto relacionados con el cableado público en 31 municipios de la región. Además, cuatro de los detenidos han sido enviados a prisión por orden judicial.

La investigación se inició en septiembre, tras una serie de hurtos de cable en la Comarca de la Serena. Los delincuentes ejecutaban sus acciones después de forzar accesos a los registros eléctricos, cortando el cableado, que era arrastrado y extraído de los conductos para su posterior venta.

A través de una serie de inspecciones en centros de reciclaje y con la colaboración del Equipo ROCA de la Guardia Civil, se pudo identificar que este grupo operaba con vehículos que ellos mismos utilizaban o alquilaban para transportar el material robado hacia Badajoz, donde lo vendían a una empresa de reciclaje.

Las unidades de la Guardia Civil y la Policía Local realizaron múltiples intervenciones en municipios como Badajoz, Guareña y Don Benito, donde lograron interceptar a varios indígenas del grupo en plena actividad delictiva, recuperando cerca de 1,800 kilos de cable robado.

Los agentes hallaron que cada miembro del grupo tenía asignadas funciones específicas dentro de su operación delictiva. Según un comunicado emitido por la Guardia Civil, algunos se encargaban de la planificación y ejecución de los robos, otros manipulaban y quemaban el recubrimiento del cable, mientras que un tercer grupo se ocupaba del transporte y venta, utilizando identidades ajenas para eludir la justicia.

A este respecto, las investigaciones revelaron que el grupo no solo se había beneficiado económicamente de sus fechorías, sino que también habían generado severos daños a las infraestructuras eléctricas, al sustraer más de 54,000 metros de cable de cobre, lo que se traduce en un valor aproximado de 300,000 euros en pérdidas para las localidades afectadas.

Finalmente, todos los miembros de esta organización delictiva fueron detenidos y las diligencias pertinentes fueron presentadas ante los Juzgados de Instrucción de Don Benito, donde la autoridad judicial decidió enviar a prisión a cuatro de ellos, marcando un hito en la lucha contra este tipo de delitos en la región.