En Mérida, el debate político ha tomado un giro inesperado tras la presentación de la nueva propuesta de Ley de Concordia, impulsada de manera conjunta por el Partido Popular (PP) y Vox. El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea ha descrito esta iniciativa como una reconfiguración del acuerdo entre ambas fuerzas políticas, que previamente permitió la elección de María Guardiola, del PP, como presidenta de la Junta. Por otro lado, Unidas por Extremadura ha manifestado su desconfianza hacia la presidenta regional, afirmando que no se puede aceptar "ni una palabra" de su parte.

Las reacciones han surgido rápidamente, con Piedad Álvarez, portavoz del PSOE, lamentando lo que considera un nuevo paso en un "pacto a la extremeña" con la presentación de la Ley de Concordia, que deroga la Ley de Memoria Histórica y Democrática. En medio de esta situación, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha dejado entrever sus intenciones durante la sesión plenaria del jueves.

Álvarez ha subrayado que la Junta ya debería haber recortado subsidios a ONGs y sindicatos, vinculado esto con la reciente propuesta legislativa. Ha señalado que, a pesar de que aún no se ha votado la Ley de Medidas Fiscales, ya han impulsado otra normativa, lo que refleja, según ella, la falta de confianza de Vox en el PP. "Parece que se van a cobrar un peaje antes de avanzar", añadió.

Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, no ha escatimado en críticas a la presidenta Guardiola, sugiriendo que su alineación con posiciones de la extrema derecha le está cambiando el rostro político. "Está dispuesta a socavar principios democráticos solo para mantener su puesto", acusó.

Recordó que hace apenas unos meses, Guardiola calificó la Ley de Concordia de Vox como "infame y frentista", y ahora se manifiesta dispuesta a apoyarla para avanzar en otras reformas fiscales que, según De Miguel, favorecen a los más ricos. "A Guardiola no se le puede creer ni una palabra", aseguró, cuestionando sus auténticas intenciones al entrar en política.

La crítica a la presidenta se centró también en su decisión de colaborar con quienes, considera, criminalizan a los migrantes y niegan la violencia de género, así como su desprecio por la bandera LGTBI. La tensión en la Asamblea y los próximos pasos de ambas formaciones seguirán siendo objeto de atención en los días venideros.

(Información adicional en Europa Press)